Patricia Biosca / Cristina Alcalá
Muchas voces se han alzado estos días para denunciar el peligro que podría estar corriendo el sistema sanitario catalán. Un modelo único en España, que integra en una misma red centros públicos y concertados desde hace más de 35 años y que el actual consejero de Salud, Antoni Comín, ha calificado de “excelente”. Sin embargo, su decisión de expulsar del Siscat al Hospital General de Cataluña y a la Clínica del Vallés (y hay quien incluye en esta lista al Sagrado Corazón) ha puesto un interrogante sobre el futuro de la sanidad autonómica.
Las dudas generadas quedaron patentes durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del CatSalut, donde se aprobó esta medida gracias a la mayoría del Gobierno catalán en el órgano con el apoyo de UGT y el Consorcio de Salud de Cataluña (CSSC). La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Unión Catalana de Hospitales, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, el sindicato CCOO y dos de los representantes de los pacientes se abstuvieron en la votación. ¿El motivo? Que Comín no supo darles datos sobre qué pasará con las personas que utilizan los servicios de los dos centros hospitalarios (en 2014, la Clínica del Vallés recibió 2.573 derivaciones para operaciones quirúrgicas y el HGC, 663) o con los trabajadores que podrían perder sus puestos (más de 200 personas según los sanitarios).
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