La Ley de Ciencia se aprobará finalmente hoy, tras el rechazo de la Mesa del Congreso a la propuesta de IU

Cristina Garmendia y Francesc Canet, portavoz de GER-IU-ICV en la Comisión de Ciencia.

Desde IU no se han sorprendido del resultado ya que no forman parte de este grupo (solo PP, PSOE, CiU y PNV). "Era bastante probable que fuese así porque obviamente se ha establecido una comunión de ideas entre el PP y el PSOE", indicaron fuentes de dicho partido. Así, se vuelve a la previsión inicial de que sea la propia Comisión la que vote el redactado final y de ahí el texto pase directamente al Senado.

Hoy culminan dos años de redacción, consultas y tramitación teniendo que lidiar con más de 400 enmiendas presentadas por las diferentes agrupaciones, participando también en ellas colectivos de jóvenes investigadores.

Los jóvenes investigadores no se fían de las fundaciones

No cuentan con un control público y externo. Es el temor de la Federación de Jóvenes Investigadores/ Precarios (FJI/Precarios) ante el protagonismo financiero que sospechan que las fundaciones tendrán en la nueva Ley. Así lo asegura el presidente de esta entidad, Vicente Claramonte, quien apunta que “hasta tienen un 60 por ciento de desgravación”, acusándolas además de “opacidad gestora y contable que fomenta el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas”.

Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación han confirmado a Redacción Médica que el protagonismo de las fundaciones que teme la citada entidad no será mayor con la nueva norma y que estas se encuentran "bajo el protectorado establecido por la Ley 50/2002 del 26 de diciembre". Explican que "lo único que cambia" en este ámbito tiene que ver con las universidades, que "por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable", como reza el artículo 84 de acuerdo a la modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre (disposición final tercera). Por otro lado, atribuyen a "tópicos" infundados las acusaciones de opacidad gestora.

Esperando a que el ministerio de Ciencia e Innovación haga público el contenido de la norma, la FJI/Precarios prefiere mantener la cautela ante medidas estrella anunciadas por Garmendia como los contratos por proyecto o las llamadas ‘pasarelas’ que facilitarán el paso de trabajadores de la empresa privada a la pública o la universidad, entre otros organismos.

Vicente Claramonte, presidente de FJI/Precarios.

Los contratos vinculados a un proyecto es otra de las cuestiones un tanto polémicas para este colectivo. Claramonte agradece que se proteja al trabajador y así “no quedarse en el limbo hasta la aprobación del plan nacional siguiente”, como al parecer ocurría hasta el momento. La FJI/ Precarios aboga por “un itinerario de estabilización”, no así por “aspiraciones de funcionariado” sino que las trayectorias se determinen “en un recorrido según los méritos, sin vacíos contractuales”.

La carrera investigadora

Su redefinición es uno de los puntos donde los investigadores y el Ministerio más se han distanciado. Para Claramonte, quien recalca que desconoce el texto final, la propuesta sufre "un problema de fondo, su invertebración”, al contrario que modelos más desarrollados de otros países. Además, apunta que el sistema de ayudas y la ausencia de “figuras y escalones reconocibles” procede de la "escisión entre los ministerios de Educación y Ciencia".

El ‘becario cotizante’

Así ha denominado la Federación a la fórmula por la que, según explican, el Ministerio ha ideado “mecanismos de inclusión laboral en los programas de formación”, lo que a su entender provoca una doble contradicción: si se forman no deben ser considerados como mano de obra y al tiempo pone en duda la promesa gubernamental de “acabar con las becas”, explica Claramonte.