Según siete informes realizados entre 2004 y 2010 por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, con el objetivo de presentar propuestas a los grupos políticos



9 mar. 2011 19:26H
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María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha presentado un documento que persigue ser una reflexión sobre el funcionamiento de los 17 servicios públicos de salud. Una vez analizados parámetros como presupuesto sanitario per cápita, gasto farmacéutico o número de camas, y motivada por las inminentes elecciones autonómicas y municipales, la Federación entregará 18 "propuestas de mejora" a grupos políticos. A partir de datos públicos, procedentes del Ministerio de Sanidad, INE, Barómetro CIS y presupuestos autonómicos, el portavoz de Fadsp, Marciano Sánchez Bayle, ha confirmado a Aragón como la autonomía que recibe una puntuación más alta en el período analizado, de 2004 a 2010, mientras que en el extremo opuesto se encontraría la Comunidad Valenciana. La financiación, las políticas sanitarias y una “generalizada privatización” determina, en opinión de Sánchez Bayle, las acusadas diferencias interautonómicas.

Las autonomías mejor y peor situadas.

La presión asistencial con la que lidia el profesional.


Persiste la disparidad retributiva

Entre los parámetros donde las disparidades entre autonomías son más acusadas, cabe señalar las tarjetas sanitarias por facultativo (746 de diferencia), crecimiento del gasto farmacéutico (9,7 por ciento), o mortalidad por cáncer de mama y de colon (6 fallecimientos). La financiación, las distinciones “en las circunstancias profesionales” y la “generalización de la privatización” se encuentran entre los determinantes a destacar por la Fadsp. Y si Aragón sale más que airosa de la lupa de la Federación a lo largo de los últimos seis años (también Navarra, Asturias, y País Vasco), Comunidad Valenciana y Madrid se turnan, según los datos aportados, las peores posiciones de la tabla.

En cuanto a las circunstancias laborales del profesional sanitario, el portavoz de la Federación señala tres indicadores negativos: el número de trabajadores, de tarjetas por facultativo y la disparidad salarial. “Esto provoca una gran presión asistencial, reflejada especialmente en Comunidad Valenciana y Madrid”, explicó.

No al copago

Y una vez analizados los siete informes, la Federación ha elaborado un documento con 18 propuestas en las que instan a una mayor transparencia, a incrementar la financiación y los Fondos de Cohesión, fortalecer los recursos sanitarios o desarrollar la Estrategia AP-21, entre otras cuestiones. En el ámbito económico, resalta su rotundo rechazo al copago. “Rompería la equidad del sistema”, advirtió Sánchez Bayle. Pero si enfatizó especialmente un argumento, ese fue el del rechazo a los “procesos de privatización”, para lo que se dirige a los ayuntamientos, que no deberían, en su opinión, “colaborar a través de financiación privada y concesiones administrativas, sino tomar medidas legales” contra estas.


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