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"Siempre iba a haber una excusa para exonerar a Grünenthal"

La asociación lamenta que la Justicia española haya favorecido al laboratorio

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite), Rafael Bastarrechea.
"Siempre iba a haber una excusa para exonerar a Grünenthal"
Jueves, 28 de julio de 2016, a las 17:20
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite), Rafael Bastarrechea, ha concluido que “hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho” la Justicia española habría dado con un vericueto judicial para invalidar la demanda que pesaba sobre la farmacéutica Grünenthal por comercializar el medicamento Contergan indicado para tratar las náuseas del embarazo y que originó malformaciones a miles de niños en Europa, España incluida.

Tales declaraciones a Redacción Médica han tenido lugar una vez se ha conocido el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de amparo que presentó en abril Avite y que constituía la “última bala” de la asociación, si bien Bastarrechea asegura que no abandonarán su lucha y todavía tienen “intención” de enviar al Tribunal de Estrasburgo el caso a pesar del coste que les suponga y con el lamento de que, en el mejor de los casos para ellos, la institución internacional declararía culpable al Estado español y no a la farmacéutica “como sería nuestro deseo moral”.

Un dictamen con argumentos “difusos”

El vicepresidente de Avite se ha referido al dictamen del TC, que publica este diario, juzgando de “difusos” los argumentos que se esgrimen en él para justificar la prescripción del delito, entre otros el hecho de que “nos hubiéramos personado ante el Carlos III entre 2006 y 2010, cuando iniciaron un estudio al respecto, para saber si estábamos afectados o no de las secuelas por el fármaco cuando, en todo caso, bien podría haber sido esta institución estatal la que presentara una demanda a favor de la víctimas, como es obligación de toda entidad del Estado”.

O, asimismo, otros postulados todavía “más insólitos” como que tuvieran que haber acudido a los 18 años de edad a las instancias estatales a denunciar el hecho que se considera prescrito (o incluso de que hubieran hecho lo propio sus progenitores en el momento del nacimiento), todo ello “en las España de los año 50”.

Por último, Bastarrechea se ha referido a las trabas de la Justicia desde el punto de vista económico ya que, “si no hubiéramos tenido la condición de asociación de discapacitados” hubiéramos tenido que abonar ocho millones de euros por las costas de todo el proceso judicial perdido.

Acceda al dictamen del Tribunal Constitucional