La Alianza de la Sanidad Privada valora la entrada en vigor del registro salarial por sexos en España

La privada "ya es igualitaria" y el registro salarial "crea más burocracia"
Alfonso de la Lama-Noriega, secretario general de ASPE.


16 abr 2021. 09.30H
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Desde esta semana, las empresas españolas están obligadas a realizar un registro retributivo por sexos de toda su plantilla, incluidos los altos cargos y puestos directivos. Una nueva normativa que afecta, entre otros sectores, al de la sanidad privada. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han valorado esta iniciativa apuntando a que ya cuentan con unas políticas basadas en la igualdad salarial para hombres y mujeres, además de considerar que este proceso crea más burocracia para las empresas.

Alfonso de la Lama-Noriega, secretario general de ASPE, ha explicado a Redacción Médica que “efectivamente somos un sector feminizado, con unas políticas de gestión de recursos humanos igualitarias y normalizadas”.

Además, el secretario general añade que este registro salarial "vuelve a ser una carga administrativa más para cualquier empresa de cualquier sector y lo que se necesita desde las mismas, es precisamente esa reducción de cargas y una menor burocratización para hacer que las administraciones sean más competitivas, eficientes y más cercanas a los sectores productivos y económicos como la sanidad privada”.

Sanciones de hasta 187.000 euros


Esta nueva normativa llega después de la aprobación, el pasado 13 de octubre, del Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz,  explicaba que esta nueva orden buscaba corregir "el gran reto de la discriminación retributiva por razón de sexo” en España.

De esta manera, las empresas deben registrar los salarios de todos sus empleados, ya que de no ser así podrían enfrentarse a multas de hasta 187.000 euros.

Cumplir con los objetivos de la Agenda 2030


La aprobación de este Real Decreto permite cumplir con dos objetivos de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Como se recoge en el BOE, la meta 8.5 se alcanza con esta normativa porque se fomenta “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidas las personas jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

El otro objetivo que se cumple es el 5.1, ese busca “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”.

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