La foto de un SNS sin la privada eleva el coste público en 1.200 millones

El fin de la colaboración público-privada en sanidad tiene unas consecuencias directas como el aumento de un 153 por ciento de las listas de espera o un coste adicional a las arcas públicas de 1.200 millones de euros, es decir, entre un 25 y un 35 por ciento más. Son algunos de los datos extraídos del documento 'Aportación del sector privado al sistema sanitario', elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), donde se expone el impacto que tendría el anteproyecto de la Ley de Equidad que "prioriza la gestión pública directa y limita las derivaciones de pacientes al sector privado".

Tal y como detallan desde la sanidad privada, el primer artículo de la norma establece la colaboración público-privada como "excepcional" y solo posible en casos justificados. Un hecho que lamentan ya que consideran que estos acuerdos tienen ventajas para todos: "Aportan beneficios al sector público en términos de reducción de costes y de riesgos en proyectos de provisión de servicios de salud; para el sector privado representan incremento de actividad; y para los ciudadanos representan el acceso a más y mejores servicios sin que ello implique mayor presión fiscal", añaden.

En este sentido, desde IDIS afirman que la sanidad privada libera recursos del sistema público y reduce la presión asistencial. Los datos al respecto no son insignificantes: hay 271 hospitales privados en España con concierto, la privada se encarga del 16 por ciento de las intervenciones quirúrgicas y ponen a disposición 36.777 camas de hospitalización privada con estos acuerdos, entre otros datos.

Actualmente, son cinco los acuerdos que se llevan a cabo entre los sectores público y privado: construir infraestructuras, provisión de servicios clínicos, construir infraestructuras y proveer servicios sanitarios, gestión de hospitales y provisión de servicios no asistenciales.

Impacto en el acceso a sanidad

En la situación hipotética de que los conciertos desaparecieran o se redujeran notablemente, tal y como plantea Unidas Podemos en sus enmiendas a la ley, el impacto directo sería un aumento en las listas de espera y un incremento de los costes públicos.

Según el documento donde se exponen hasta nueve hipótesis, habría un aumento de 153 por ciento en las listas de espera de primeras consultas, lo que supondría 58 días más de tiempo. En el caso de las intervenciones quirúrgicas sería 102 por ciento en las listas de espera y 75 días más de media esperando la llamada. Además, esto se reflejaría en el incremento de los índices de ocupación hospitalaria, que pasarían del 70,6 por ciento de camas ocupadas actualmente, al 85 por ciento.

Datos extraídos del documento 'Aportción del sector privado al sistema sanitario' del IDIS.

Por su parte, Juan Abarca, presidente de IDIS, subraya que la colaboración público-privada no es "suficiente para poder asumir la demanda sanitaria de la población". "A día de hoy, con los conciertos y la colaboración pública- privada, sin excepcionalidades y sin restricciones más que las que marcan la Ley de contratos, en nuestro país hay 5 millones de personas en lista de espera por unos motivos u otros", apunta.

El segundo gran impacto lo padecerían las arcas públicas. “Se ha estimado que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de un 25-35 por ciento superior respecto a los costes derivados de la colaboración privada-pública”, calculan desde IDIS, lo que podría traducirse en un aumento de coste para el sistema sanitario público de hasta 1.200 millones de euros.

Por todo ello, la sanidad privada continúa defendiendo su papel y considera que sus recursos son "claves" en el sistema "tanto a nivel de provisión hospitalaria como de aseguramiento".