Covid-19: La privada enfila la vía judicial para que se compense su labor

ASPE ha emitido un informe jurídico a sus miembros para que tomen las medidas frente a Sanidad y CCAA

Carlos Rus, presidente de ASPE.
Covid-19: La privada enfila la vía judicial para que se compense su labor
jue 06 agosto 2020. 19.50H
La sanidad privada ha llegado al límite. Después de no obtener respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre sus peticiones para mantener la viabilidad económica del sector (a pesar de que se comprometió a darla en 10 días), y de la lentitud con que las comunidades autónomas (CCAA) están negociando las compensaciones económicas por su actuación frente a la pandemia de Covid-19, la sanidad privada apunta a la vía judicial para que atiendan sus reclamaciones. 

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Así se lo ha confirmado a Redacción Médica el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus. El presidente de la patronal explica que desde ASPE se ha emitido un informe a los miembros con la base jurídica para que puedan plantear acciones legales ante las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para recibir la compensación económica debida. 

Rus plantea que el pago debe hacerse por dos vías y en base a dos conceptos: "las comunidades autónomas deben asumir el coste de la atención sanitaria a pacientes con Covid-19, mientras que el Ministerio de Sanidad debe asumir los costes de la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada". 

ASPE, como patronal, no puede ser quien interponga los litigios, explica Rus, son las clínicas y los grupos hospitalarios quienes están capacitados legalmente para hacerlo. 

5.000 centros sanitarios en riesgo de quiebra en la segunda ola


La patronal de la sanidad privada calcula que la compensación económica que necesita el sector ronda los 300 millones de euros. Una cifra que podría aumentar de producirse una segunda ola en otoño. 

Si bien en la situación actual, la pandemia de coronavirus Covid-19 puede provocar la quiebra de 2.400 centros sanitarios privados, si se produce una segunda oleada de contagios el número de centros cerrados puede ascender a los 5.000, según cálculos de la patronal. 

"Nos preocupa ver que nos acercamos a una segunda ola y no se están tomando las medidas necesarias para prevenir sus consecuencias", lamenta Rus.
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