Suficiencia y corresponsabilidad fiscal en una nueva financiación sanitaria

El Gobierno ha destacado la relevancia de la “suficiencia” y de la “corresponsabilidad fiscal” como pilares fundamentales del nuevo modelo de financiación sanitaria. Lo ha hecho en una respuesta parlamentaria a varias cuestiones planteadas por el Grupo Popular, en la que especificaba que la reforma del sistema autonómico, que se encuentra en pleno proceso, impulsará además otros principios clave como la solidaridad, equidad, transparencia y garantía de acceso ciudadano a servicios públicos. En la actualidad, este procedimiento está pendiente de ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las preguntas planteadas por el PP abordan preocupaciones relacionadas con la financiación de la sanidad pública en distintos sectores. Por una parte, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha consultado al Gobierno qué actuaciones llevarán a cabo en relación con la valoración del Presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y alegando a la promesa del Ejecutivo de ofrecer más prestaciones sanitarias sin haber aumentado la financiación de este sector.

En este sentido, la respuesta del Ejecutivo ha reiterado la importancia de la reforma del sistema de financiación autonómica como el marco principal para abordar estas preocupaciones y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

Financiación sanitaria para capítulos críticos

Otro de los interrogantes que ha planteado esta formación se centra en las previsiones de considerar la valoración del Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En este caso, el grupo expresa su preocupación acerca de la necesidad de una financiación adecuada para hacer frente a capítulos críticos como la incorporación de nueva tecnología farmacéutica.

La tercera pregunta del PP relacionada con esta misma materia versa sobre la solicitud de la Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía para abordar la financiación de las Comunidades Autónomas y de los sistemas de salud.

Ambas respuestas coinciden y reafirman, de nuevo, la necesidad de la reforma en curso, asegurando que el nuevo modelo de financiación autonómica tiene como objetivo abordar las disparidades financieras entre regiones y garantizar una distribución equitativa de recursos para fortalecer los sistemas de salud en todo el país, además de garantizar medios suficientes para la implementación de avances tecnológicos y farmacéuticos en el ámbito sanitario.

Nueva financiación sanitaria autonómica

El reajuste del modelo de financiación autonómico, con énfasis en la sanidad, es una cuestión en la que tanto el Gobierno como la oposición se muestran de acuerdo. Tal y como han trasladado fuentes del Ministerio de Hacienda a Redacción Médica, la propuesta que defenderán en el Congreso y ante las comunidades autónomas será similar al proyecto de población ajustada que elaboraron hace dos años y que “ya incluía un examen exhaustivo de múltiples variables que se podrían tener en cuenta”, entre las que se incluía la sanidad. 

“El Ministerio de Hacienda analizó empíricamente la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se habían analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, así como en otros servicios autonómicos”, señalan fuentes de este ministerio.

En concreto, abogan por aumentar la estratificación de la población por edades (de 7 a 20 tramos), con el fin de mejorar la precisión del “coste real sanitario”. Además, pretenden actualizar los coeficientes aplicables para mejorar “los datos y las fuentes de información”. De esta forma, el Gobierno podría tener un mayor control, a la hora de planificar el gasto, sobre factores como la cronicidad de la población (al considerar de forma más estrecha la población de riesgo).

Se trata de una reforma que ha permanecido parada durante años. El sistema que regula la aportación económica del Estado a las comunidades (con entregas a cuenta y la liquidación por las competencias transferidas), lleva sin reformarse desde 2009, a pesar de que se ha intentado en ocasiones durante esta década. Esto se debe a motivos como la crisis económica y la inestabilidad política (entre ellas, la provocada por el proceso soberanista catalán), que han dificultado cualquier oportunidad de entendimiento.