Podemos exige más control sobre conciertos de gestión sanitaria indirecta

Podemos llevará de nuevo al Congreso sus dudas en torno a la gestión indirecta de la sanidad pública, un viejo caballo de batalla de la fuerza liderada por Ione Belarra. En una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá en la Comisión de Sanidad de este miércoles, el partido, integrado en el Grupo Mixto, exige que el Ministerio de Sanidad refuerce la inspección de los conciertos por los que se externalizan servicios sanitarios para, entre otras cosas, comprobar si las administraciones usan de forma “óptima” sus recursos antes sellar esos acuerdos. Además, llama a comprobar con más garantías si tales conciertos “no contradicen los objetivos sanitarios, sociales y económicos previstos en los correspondientes planes de salud”.

Hace algo más de un año, el partido ya registró en la Cámara Baja una Proposición de Ley en la que, entre otras cosas, proponía no renovar los actuales convenios de gestión indirecta de la sanidad pública ni los protocolos de actuación de hospitales privados ligados al Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando cumpliera su vigencia. El objetivo era “garantizar el carácter público de los servicios, centros y establecimientos sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS)” y acabar, así, con la “privatización funcional” a la que, según la fuerza progresista, aboca la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS.

De hecho, en su nueva PNL alude de forma directa a esa norma, que, según el partido, “supuso un punto de inflexión en cuanto a las fórmulas organizativas del modelo sanitario español”. “En los últimos lustros, junto a las políticas de recortes, han proliferado tendencias privatizadoras a partir de diversas fórmulas de gestión indirecta o concertada de los servicios de salud y la creciente prestación de actividades sanitarias con carácter lucrativo”, reza el texto.

Para Podemos, esas modalidades de gestión “resultan especialmente perniciosas para la eficacia y la equidad del sistema de salud”. “La sociedad española interpela a sus representantes políticos a avanzar hacia un sistema sanitario público, de gestión directa, de cobertura universal, dotado con los recursos financieros necesarios para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y que revierta los procesos de privatización y la precarización del personal sanitario”, agrega.

Medidas para fiscalizar la gestión sanitaria indirecta

Para lograrlo, insta al Ministerio de Sanidad a incluir en el plan anual de actividades de la Alta Inspección del SNS, en colaboración con las comunidades autónomas, “programas específicos de inspección orientados a supervisar y evaluar las fórmulas organizativas de gestión indirecta implementadas” en el sistema sanitario.

Además de fiscalizar si las administraciones que suscriben conciertos de gestión sanitaria indirecta “analizan, con carácter previo, la utilización óptima de sus propios recursos”, se propone evaluar, “en colaboración con la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y otros órganos competentes, el cumplimiento de las exigencias de necesidad, idoneidad y eficiencia en la contratación pública relativa a las fórmulas de gestión sanitaria”; y también “verificar la inexistencia de discriminación por razones socioeconómicas o de otro tipo, de carácter directo o indirecto, en los regímenes de gestión privada de los servicios sanitarios”.

Por último, se exige “impedir y perseguir” casos de “fraude, corrupción o distorsión de las prestaciones o servicios sanitarios” ligados a los mecanismos distintos a la gestión directa, y advertir a las autoridades sanitarias regionales de “los incumplimientos que se detecten”.