El ministro de Universidades, Joan Subirats.
El Senado ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva
Ley de Convivencia Universitaria que ha impulsado el Gobierno. La normativa permitirá acabar con el anterior código disciplinario de los campus de toda España que se acordó durante la
dictadura franquista e incorporar novedades, como las sanciones contra los estudiantes por los casos de
acoso sexual, las novatadas vejatorias o los plagios. Algo que se aplicará también en Medicina.
El proyecto de ley ya había recibido
el visto bueno en el Congreso de los Diputados en septiembre del 2021 tras un debate en el que se incorporaron algunas enmiendas de los socios habituales del Gobierno. Pero ahora ha sido ratificado de manera íntegra el
Senado, lo que pone punto final a su tramitación parlamentaria.
El texto ha salido adelante con
152 votos a favor, 108 en contra y cuatro abstenciones. Las formaciones de la bancada de la izquierda y los grupos nacionalistas han apoyado la iniciativa del Ejecutivo, que solo se ha encontrado con el ‘no’ de Partido Popular, Ciudadanos, Vox y la Unión del Pueblo Navarro, que habían presentado sus propias enmiendas al texto, sin éxito.
Nuevas sanciones universitarias: expulsiones de hasta tres años
La nueva normativa establece un marco de sanciones que puede implicar la
expulsión durante un plazo de entre dos meses y tres años de la universidad para los estudiantes que cometan algunas de estas faltas muy graves como el plagio, el acoso sexual o las novatadas, así como la pérdida de derechos de matrícula parcial.
En el capítulo de faltas graves, se han incluido algunos comportamientos como
copiar de forma premeditada en un examen, robar el contenido de una prueba o a
cceder a los sistemas informáticos de la universidad. Estas actividades estarán sancionadas con un mes de expulsión o la anulación de la asignatura afectada, aunque se deja la puerta abierta a
un procedimiento de mediación.
La senadora socialista
Carmen Torralba ha remarcado que la nueva Ley de Convivencia Universitaria permitirá
“dar carpetazo a un decreto preconstitucional, una norma franquista cuyo fin era disciplinar a las universidades españolas” y reforzar la defensa de la “libertad, pluralismo religioso y aconfesionalidad del Estado” en los centros.
“Vemos la necesidad urgente de que tengamos una ley adaptada a nuestro ordenamiento jurídico después de 44 años de democracia”, ha apuntado la portavoz socialista, que ha acudido a la comisión acompañada por el ministro de Universidades,
Joan Subirats, que ha heredado este proyecto iniciado por
Manuel Castells.
El ministro ha celebrado también la aprobación de la nueva normativa para terminar con una política de sanciones derivada del Franquismo que le afectó personalmente en su etapa como estudiante. “
Yo fui expulsado por participar en una reunión considerada clandestina en una iglesia de Barcelona”, ha recordado en la cámara.
El Gobierno ha logrado apuntalar uno de los proyectos clave del área de universidades para esta legislatura, aunque no ha conseguido el consenso de todas las partes. Su texto original contaba con el apoyo tanto de l
as asociaciones de estudiantes como de los rectores, pero la incorporación de enmiendas por parte de los grupos en el Congreso provocó que se bajaran del carro. Los cambios responden a las presiones de ERC para garantiza
r la autonomía universitaria o blindar el
derecho a realizar escraches o piquetes.
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