Más Madrid defiende una regulación del cannabis sin receta médica

Más Madrid da un paso al frente en el debate sobre la regulación del consumo de cannabis en España. La formación que lidera Mónica García quiere ir más allá de la Proposición de Ley para la regulación integral y el control de esta sustancia planteada por Unidas Podemos, que persigue su reglamentación para uso medicinal. Sin embargo, la formación madrileña aspira a una legislación “integral” que aborde también su uso recreativo y sin receta médica.

“No regular también en regular, por eso, apostamos por un marco de regulación amplio, porque si no regula el Estado regula la mafia”, sostiene el portavoz sanitario de Más Madrid, Javier Padilla, a Redacción Médica. El debate llegará este mismo jueves a la Asamblea de Madrid con una Proposición No de Ley (PNL) que aboga porque la Comunidad se convierta en punta de lanza de este cambio legal.

La iniciativa de Más Madrid aterriza en la Asamblea mientras al mientras en el Congreso de los Diputados se estudia aprobar la legalización del cannabis medicinal esta legislatura. Las competencias en esta materia son estatales, por lo que de aprobarse esta PNL la Comunidad de Madrid debería instar al Gobierno de España estudiar una regulación en esta dirección.

“Pedimos a la Comunidad de Madrid el estudio del impacto de una regulación integral”, sostiene Padilla. “Nosotros hablamos de una regulación marco, mientras que la normativa estatal se está centrando en el cannabis medicinal”, por eso  “pedimos un estudio una regulación integral” y que tenga como eje la defensa de la Salud Pública.

En este sentido, la PNL presentada por Más Madrid, y a la que ha tenido acceso este diario, reconoce que el cannabis “no es una sustancia inocua y resulta perjudicial para la salud, especialmente entre los menores”. No obstante, entiende que “no es más perjudicial que otras drogas legales”, y no por ello se piensa “que resultaría mejor ilegalizarlas”, sino que se busca “la forma de reducir su consumo mediante la prevención, la fiscalidad, la regulación y la educación”.

El partido considera que “el criterio que prevalece en la decisión sobre el cannabis es de naturaleza política, pues el objeto de la regulación trata de resolver y ordenar una situación ya existente ofreciendo respuestas ante el fracaso de una política prohibicionista que resulta a todas luces anacrónica”, según el texto de la PNL.

La propuesta se fija en el caso del estado de Colorado, que regularizó el consumo de cannabis en adultos hace ahora ocho años, como modelo a seguir. "Desde su regulación en 2014, Colorado ha ingresado vía impuestos directos e indirectos, más de un billón de dólares. Un dinero que deja de estar circulando en el mercado negro y pasa dotar de recursos la prevención de menores y a financiar los servicios públicos", señala la iniciativa.

"La pregunta que tendremos que hacernos más temprano que tarde no es si tendrá impacto económico, sino para quién lo tendrá y quién saldrá beneficiado, dado que la gestión de su venta implica la existencia de redes de producción, distribución y comercialización", esgrime la propuesta registrada en la Asamblea, firmada por el diputado Jorge Moruno y por Mónica García.