El Sergas derivó a la privada el 35% de los abortos voluntarios

El Servizo Galego de Saúde derivó a clínicas privadas al 35 por ciento de las mujeres que, entre 2019 y 2022, acudieron a la sanidad pública para someterse a intervenciones quirúrgicas para interrumpir de forma voluntaria sus embarazos.

Así lo ha señalado el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado en la Comisión ª5 del Parlamento gallego, celebrada este jueves. La parlamentaria nacionalista ha demandado explicaciones por la licitación este verano de un contrato por casi 1,4 millones de euros para los próximos tres años -prorrogable a cinco- para practicar en clínicas privadas abortos en embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

Aboal ha especificado que, entre esos tres años, el Sergas gestionó 11.756 interrupciones voluntarias de embarazo, de las cuales 7.644 se practicaron en centros públicos y 4.108, en clínicas con las que la Administración pública tiene conciertos para la práctica de estas intervenciones. Además, otras 7.416 mujeres acudieron directamente a clínicas privadas para abortar.

Doble interpretación de la objeción de conciencia

Para Prado, el aludido contrato responde a razones "ideológicas" de un PP "cada vez más radicalizado" que permite que se practique la objeción de conciencia de forma "coordinada" y "mucha veces alentada" desde las jefaturas de servicio de los hospitales gallegos.

Prado se ha preguntado si "es tan difícil" programar "un aborto a la semana" en los hospitales gallegos, como así lo revelan los datos de que se practica una media de 57 al año por cada centro, lo que ha llevado a sentenciar que la Xunta no quiere crear un registro de objetores de conciencia para favorecer que estas intervenciones se lleven a cabo en clínicas privadas.

Aboal y la diputada del BNG se han enzarzado por la interpretación del artículo de la ley orgánica de 2010 que recoge el derecho al aborto, en el que se establece la creación de registros de objetores de conciencia. En concreto, el artículo 19 ter de esta normativa, en vigor desde hace 13 años, establece que cada comunidad autónoma contará con un registro de profesionales sanitarios acogidos a su derecho a no participar de forma directa en prácticas de aborto. Además, señala que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud deberá crear un protocolo específico que recoja las "condiciones mínimas" de este registro.

Aboal se ha referido a esta segunda parte del artículo para responsabilizar al Gobierno central de la falta de "avances" en la configuración de criterios para crear estos registros, mientras que Prado ha incidido en que la Xunta obvia el primer punto de ese artículo, que implica a las propias comunidades en la configuración de los mismos.