El Gobierno a las comunidades: la sanidad penitenciaria la pagáis vosotros

Las comunidades autónomas y el Gobierno central siguen enzarzados en la pelea por cómo y, sobre todo, por quién paga la transferencia de la sanidad penitenciaria. En una reciente respuesta por escrito a una pregunta del portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, el Ejecutivo afirma que son las autonomías, salvo País Vasco y Cataluña, las que se niegan a asumir las competencias. 

Según argumenta el Gobierno, el traspaso de funciones debe ser "resultado de la confluencia de dos voluntades, la estatal y la autonómica". Se queja de que hay cinco comunidades que todavía no han respondido a la carta enviada por Interior para acelerar el proceso de transferencia: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.

El Gobierno argumenta que se ha ofrecido "en varias ocasiones" a cada una de las comunidades autónomas para desarrollarlo aunque "sin éxito". También indica que el traspaso tiene que hacerse sin que ninguna de las partes pueda "unilateralmente establecer un calendario, contenidos o previsiones sobre la materia a traspasar". 

Financiación

Sin embargo, en el fondo del debate se esconde lo de siempre: ¿quién paga? La Comisión de Interior del Congreso aprobó a finales de 2016 instar al Gobierno a culminar el proceso "de manera inmediata" y a dotarlo de "la correspondiente asignación financiera por el coste real" de la asistencia sanitaria a los presos.

Es el término "coste real" el que le cuesta tragar al Ejecutivo. El Gobierno propone que se realice el traspaso de competencias con el cálculo del "coste efectivo" que sitúa en "el gasto anual realizado por la Administración del Estado para prestar el servicio que se traspasa".

Tal y como explica a Redacción Médica el portavoz de Sanidad del PSOE, "el coste efectivo no supone la totalidad de lo que cuesta la sanidad penitenciaria porque, entre otras cosas, hay vacantes sin cubrir que tendrían que asumir las comunidades dentro del coste real".

Además, el Gobierno reconoce que "con carácter general, en los Presupuestos Generales del Estado no figuran partidas presupuestarias específicas destinadas al traspaso de funciones". Puntualiza que cuando se adopte el acuerdo y se formalice en Consejo de Ministros, se darán de baja los créditos que financian estas funciones todavía sin transferir.

El Gobierno apunta a que sí están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 las partidas que satisfacen los gastos farmacéuticos y sanitarios "a los que está obligada la Administración Penitenciaria". Sobre los tratamientos de hepatitis C, el Ejecutivo recuerda que se tratan en hospitales de referencia y que "todos los enfermos que lo precisan son tratados de acuerdo con las pautas de los servicios especializados".