El Consejo General de Dentistas pide a las Administración pública que tome medidas para amparar a los damnificados

iDental cierra sus clínicas en España dejando miles de pacientes afectados
Exteriores de la sede de iDental.


14 jun. 2018 14:10H
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POR REDACCIÓN
Después de varios meses de reiteradas quejas y reclamaciones de sus pacientes y sin que haya habido un comunicado oficial por parte de la empresa, iDental ha cerrado las clínicas que tiene en España (a excepción de Córdoba y Alicante, aunque su cierre es inminente), dejando miles de damnificados. Son muchos los afectados que han visto cómo, tras haber pagado sus tratamientos, estos no han sido finalizados. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, califica la situación como “un escándalo sanitario sin precedentes”.

El Consejo General de Dentistas expone en un comunicado que se ponen a disposición de los pacientes y les recuerdan que pueden contactar "con los Colegios de Dentistas competentes en su zona, y con las asociaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial, donde les informarán sobre sus derechos y las acciones legales que deben emprender. En el caso de los tratamientos que hayan sido financiados total o parcialmente y que no hayan sido finalizados, los afectados deberán informarse sobre las actuaciones a seguir, dado que la Ley de Créditos al Consumo prevé estas situaciones para garantizar sus derechos".

Óscar Castro Reino insta a los miles de pacientes afectados a que "no vuelvan a caer en la misma trampa otra vez", puesto que ahora recibirán llamadas de otras clínicas dentales, financieras y bancos ofreciéndoles arreglar su situación: “A pesar de su desesperación, las personas damnificadas deben analizar detenidamente estas ofertas y, si tienen dudas, pueden acudir al Colegio Oficial de Dentistas de su provincia o a las organizaciones de consumidores para que les indiquen los pasos a seguir y así solucionar sus problemas definitivamente y sin engaños”.

El presidente de la Organización Colegial lleva meses alertando sobre las numerosas quejas y problemas que los pacientes de iDental y otras clínicas corporativas similares han hecho llegar a los Colegios de Dentistas y que son muy superiores en número a las reclamaciones que reciben las clínicas privadas.

Regularizar la publicidad sanitaria

En este sentido, Castro insiste en la necesidad de que la Administración tome medidas para amparar a todos los afectados y evitar que situaciones tan dramáticas como esta se vuelvan a repetir. A este respecto, Castro Reino ha recordado que uno de los principales problemas tiene que ver con la regularización de la publicidad sanitaria: “Se debe instaurar una normativa clara y específica en todo el Estado que regule adecuadamente este tipo de publicidad para que la información que se difunda sea rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda al ciudadano con mensajes engañosos. Sólo así los pacientes podrán valorar adecuadamente las diversas opciones de los tratamientos y los riesgos que puedan conllevar para su salud”.

El presidente del Consejo General de Dentistas asegura que el cierre de iDental, tal y como sucedió en su momento con empresas como Funnydent y Corporación Dermoestética no son casos aislados, ya que desde hace unos años, en España se ha producido una “burbuja dental” en donde prima el interés empresarial sobre el sanitario. En muchos casos, el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales no está en manos de los dentistas, sino de empresarios /especuladores y los tratamientos que precisa el paciente, en algunos casos, los decide un comercial en vez de un odontólogo profesional, lo cual es inadmisible y, además, un acto de intrusismo profesional.

“Muchos de estos problemas se evitarían si la administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados”, concluye Castro.
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