Sanidad impone la 'tolerancia cero' al conflicto de interés en sus informes

El Ministerio proyecta un RD para garantizar la imparcialidad y transparencia de sus colaboradores en salud pública

Fachada del Ministerio de Sanidad.
Sanidad impone la 'tolerancia cero' al conflicto de interés en sus informes
mar 22 octubre 2019. 14.10H
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado este martes el proyecto de Real Decreto por el que pretenden desarrollar la ley 33/2011 para garantizar la transparencia e imparcialidad de quienes colaboren en material de salud pública con dicho organismo.

Según han publicado en la web del organismo, esta iniciativa corresponderá a un desarrollo del artículo 11 sobre la colaboración e imparcialidad dentro de las actuaciones sanitarias en la Ley General de Salud Pública. El objetivo principal es que, mediante la declaración de los conflictos de intereses de cada parte, se consiga una mayor “imparcialidad”.

Por ello, las administraciones tendrán la obligatoriedad de garantizar la “transparencia e imparcialidad” de las organizaciones científicas, profesionales y personas expertas con quienes colaboren mediante la publicación de sus nombres.


Documentos relevantes 



Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones


El ámbito de actuación de este proyecto es no sólo incidir dentro de las actuaciones de salud pública más legislativas sino también las de formación e investigación. Además, deberán aportar garantías de transparencia las personas y organizaciones que reciban “subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.

A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes y los dictámenes y documentos relevantes.

Para poder llevar a cabo este proyecto, el RD asegura que se deberán desarrollar reglamentariamente los requisitos para la declaración de “conflicto de intereses” por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública.
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