La Reserva Estratégica Nacional se arma contra las sobredosis de opioides

El Ministerio de Sanidad continúa reforzando la Reserva Estratégica Nacional de fármacos que arrancó como reacción a las notables carencias farmacológicas y tecnológicas que los países, también España, padecieron cuando estalló la pandemia de coronavirus Covid-19 en 2020.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha adjudicado un contrato para la adquisición de 2.000 kits del medicamento Nyxoid, una naloxona de administración nasal indicada para revertir sobredosis por opioides. El suministro, destinado a la citada Reserva Estratégica Nacional, ha sido encargado a la compañía Mundipharma Pharmaceuticals, al tratarse de la única empresa que comercializa este producto en España.

El contrato, con un importe total de 48.110,40 euros, establece un calendario de entregas dividido en dos fases: una primera remesa de 1.000 unidades en un plazo máximo de 15 días y una segunda entrega, con otras 1.000 unidades, prevista a los nueve meses desde la formalización del acuerdo.

Penalizaciones para garantizar el suministro

Como comprador, Ingesa incorpora un sistema de penalizaciones económicas en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas. La principal sanción se contempla para los retrasos en la entrega del medicamento, con una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato sin impuestos, lo que supone unos 27,76 euros al día mientras persista la demora.

Además, el organismo público prevé sanciones si el suministro se entrega de forma defectuosa o no se ajusta a los requisitos establecidos. En esos casos, la penalidad general podría alcanzar el 1 por ciento del importe del contrato sin impuestos, equivalente a 462,60 euros, siempre que el defecto no se subsane en el plazo concedido.

La mayor sanción cuantificada en el expediente se reserva para el incumplimiento de una condición especial de ejecución relacionada con la prevención de riesgos laborales. Si la empresa adjudicataria no acredita disponer de un plan de formación en esta materia para el personal implicado cuando sea requerido, el Ingesa podrá aplicar una penalidad del 5 por ciento del contrato, es decir, 2.313 euros.

El pliego también contempla penalizaciones en caso de irregularidades en la subcontratación, con una sanción del 5 por ciento sobre el importe del subcontrato, así como una penalidad adicional del 3 por ciento del presupuesto de licitación si la empresa no cumplimenta en plazo la documentación exigida, lo que supondría la retirada de su oferta.