El deterioro de la sanidad pública no lee informes ministeriales 'ad hoc'

No es ningún secreto que la sanidad pública española está desbordada. Basta con ver las listas de espera de consultas o quirúrgicas, o pulsar el desánimo que hay entre muchos profesionales de la salud que tienen la sensación de barrer el desierto más que de diagnosticar, curar y cuidar.

Esta realidad, lógicamente, afecta al ciudadano; casi un cuarto de la población sitúa la sanidad entre los principales problemas, junto a vivienda y economía.

El malestar entre los usuarios del sistema público lo han captado los partidos políticos, atentos siempre a la demoscopia del potencial voto, y la argumentación ideológica ha dado como resultado por un lado a la llamada prioridad nacional que defiende alguna derecha, y por otro a las puertas abiertas de par en par a la atención al migrante que postula la izquierda.

En este intercambio de razones entre unos y otros, el Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García ha hecho público un informe que corrobora su tesis de acogida: la población migrante genera menos gasto que la autóctona (que los españoles de cuna, vamos). El trabajo se puede entender como parte del apuntalamiento 'ad hoc' del reciente real decreto de Universalidad y de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hay muchas razones para dar una cobertura asistencial a los migrantes, relacionadas con la solidaridad y la salud pública. Y en el caso de los que residen y trabajan en España, también económica, porque aportan con sus cotizaciones. Pero es difícil creer que la población que proviene de países más desfavorecidos pueda consumir menos recursos sanitarios que el español medio, cuya salud se ha moldeado en una sociedad de bienestar elevado. También el perfil envejecido y de baja natalidad de los españoles parece difícil de comparar con el más joven de quien viene a labrarse un futuro, una vida.

En cualquier caso, aunque los datos ministeriales fueran realidad, añadir asistencia extraordinaria supone una sobrecarga para cualquier servicio sanitario público sobrecargado. Eso es innegable. Más aún si no se compensa incrementando proporcionalmente infraestructuras o recursos. Hay que atender a más gente con lo mismo es una cuenta que nunca puede salir si no hay voluntad de afinar la eficiencia. Por este camino el vaso ya desbordado del deterioro de la calidad asistencial solo irá a peor.

Es una tentación tradicional justificar que el colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS) se debe a la baja inversión, a los recortes y las privatizaciones, generalizaciones que habría que ir desterrando con un análisis y un debate rigurosos que sirvan para preservar un modelo público que sigue siendo válido como concepto, pero que pide reformas a gritos.

El informe ministerial parece pues aquello de 'excusatio non petita, accusatio manifesta'; una justificación política que choca con una realidad que se vive a diario en hospitales y centros de salud. Y no hay que seguir mirando hacia otros lados, se debe actuar ya en la reforma del Sistema Nacional de Salud sin demagogias ni apriorismos polítizados, siendo honestos y valientes en las decisiones. Solo así se podrá enderezar el declive actual y afrontar con garantías desafíos de primer orden como atender a población que ni tenías previsto.