Datos clínicos y actividad, base del Sistema de Información Sanitaria común

España sigue avanzando en la creación de un sistema de información único, y según ha podido saber Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad va a plantear en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta de distribución de fondos para la construcción y mantenimiento de un Sistema de Información Sanitaria común. Esta propuesta tendrá dos líneas de actuación ligadas al cumplimiento por parte de las comunidades de los plazos de envío de las bases de datos Clínicos de Atención Primaria del SNS y del registro de actividad de Atención Especializada, correspondientes al año 2021. Así pues, la coordinación entre las comunidades autónomas resulta un factor clave para la creación de un único sistema sanitario para todo el territorio nacional.

Este diario ha tenido acceso a la propuesta de distribución de fondos del Ministerio de Sanidad, en el que se repartirá 2.006.950,00 euros, y las líneas de financiación para la mejora de los sistemas de información sanitaria del SNS que van orientadas a tres aspectos en concreto. El primer aspecto es que las comunidades deberán cumplir los plazos de envío de las bases de datos clínico-asistenciales y Registro de Actividad de Atención Especializada correspondientes al año 2021, por lo que se evaluará el cumplimiento en los envíos en el cuarto trimestre de 2022.

Otro aspecto fundamental que se establece en las líneas de financiación que deberán llevar a cabo las comunidades autónomas es completar la cobertura prevista para ambas bases de datos, tanto en contenidos como en modalidades asistenciales y tipos de centros. Esta evaluación se realizará en relación con la situación previa.

El tercer punto marcado por el ministerio dirigido por Carolina Darias ofrece la libertad a las comunidades de proponer otras medidas para la mejora del SNS, como incorporar herramientas que favorezcan la política común de normalización de datos, además de las actividades de formación que contribuyan al desarrollo del Sistema de Información Sanitaria y a la interoperabilidad en el SNS. Solamente se podrán proponer iniciativas en caso de que se hayan asumido el compromiso de los dos objetivos previos.

Los fondos podrán ser retirados si la evaluación es negativa 

La distribución de fondos contará con un presupuesto total de 2.006.950,00 euros, y los criterios de distribución se dividirán en un 50 por ciento de forma lineal, aplicando un importe mínimo a cada comunidad autónoma (excepto a País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla); y el otro 50 por ciento por criterios poblacionales según las cifras del Padrón municipal. La distribución de fondos se realizará de la siguiente manera:

Andalucía: 253.728,86 €
Aragón: 92.617,94 €
Asturias: 85.528,19 €
Baleares: 89.162,83 €
Canarias: 111.706,53 €
Cantabria: 75.894,99 €
Castilla y León: 116.445,41 €
Castlilla-La Mancha: 108.924,87 €
Cataluña: 237.743,33 €
Comunidad Valenciana: 176.753,66 €
Extremadura: 86.603,79 €
Galicia: 123.490,90 €
Madrid: 214.925,14 €
Murcia: 96.951,69 €
La Rioja: 69.927,03 €
Ceuta: 33.241,48 €
Melilla: 33.303,36 €

En un plazo de diez días desde la fecha de comunicación a las comunidades autónomas del acuerdo de Consejo Interterritorial del SNS, éstas deberán presentar una solicitud de fondos aprobados para cada una de las líneas de financiación mencionadas con anterioridad.

El documento publicado por el Ministerio de Sanidad estipula que las comunidades autónomas no tendrán ningún derecho a cobro frente a la Administración General del Estado, más allá de los créditos presupuestarios ya estipulados para cada uno de los territorios autonómicos.

La Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud iniciará el "libramiento" de los fondos a aquellas comunidades que hayan presentado la documentación necesaria y su idoneidad quede acreditada por los informes previstos en el acuerdo. Antes del 15 de junio de 2023 se realizará el informe de cumplimiento de objetivos, y en caso de que la evaluación sea negativa, la comunidad autónoma deberá devolver los fondos transferidos para dichos proyectos.