Rami Ahmadi, portavoz de la plataforma Homologación Justa Ya.
Pese a que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sigue defendiendo su gestión de la homologación de titulados extracomunitarios en Ciencias de la Salud, los profesionales continúan denunciando incidencias en los trámites administrativos, lo cual dificulta no sólo la homologación en sí, sino también la acreditación posterior como especialista. La
equivalencia de una especialidad en Ciencias de la Salud obtenida en un país ajeno a la Unión Europea depende del Ministerio de Sanidad, pero, para lograr esa convalidación, el interesado ha de contar previamente con un título universitario homologado al sistema español, un proceso que se tramita a través de Ciencia, Innovación y Universidades y que sigue lastrando por demoras que, en algunos casos, se prolongan durante años. En diciembre, el Tribunal de Cuentas recomendó
agilizar las acreditaciónes unificando ambos procedimientos en el departamento que dirige Mónica García. Sin embargo, los principales actores implicados en el proceso no ven con buenos ojos esa opción:
“Puede convertirse en una pesadilla burocrática”, traslada a
Redacción Médica Rami Ahmadi, pediatra e impulsora de Homologación Justa Ya.
La última queja de la plataforma parte de un
fallo técnico en la sede electrónica del Ministerio de Universidades que fue comunicado a los solicitantes de homologación a comienzos de febrero, según indican en un reciente comunicado. “El ministerio procedió al cierre parcial de la sede electrónica. El 13 de febrero se anunció una reapertura parcial; sin embargo, los procedimientos de homologación y equivalencia continúan sin un acceso funcional, sin explicación clara ni calendario de restablecimiento”, explican. Más allá de esa incidencia concreta, Ahmadi considera que la sugerencia del Tribunal de Cuentas ni solucionaría este tipo de errores técnicos ni serviría para
agilizar las homologaciones sanitarias.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya enfrió en enero la propuesta del órgano fiscalizador del Gobierno en materia económica. Consultado por
Redacción Médica, el número dos de Mónica García explicó que los retrasos en la
homologación médica tienen más que ver con “problemas en la aportación de información” de los candidatos que con el procedimiento administrativo en sí. Por ello, consideraba que la medida del Tribunal de Cuentas
“no parece que fuera a ser un elemento diferencial o clave en la consecución de estas mejoras en términos de agilidad y simplificación”. Otras fuentes de Sanidad optan por ceder la patata caliente en este sentido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este periódico se ha puesto en contacto varias veces con el departamento que dirige Diana Morant, pero sigue sin obtener respuesta alguna al cierre de esta información.
Más de 200 días de espera en 2024
Ahmadi recuerda que el informe ad hoc del máximo órgano de control del Estado “
recoge las deficiencias que nuestro colectivo lleva años denunciando y plantea numerosas medidas para responder a las necesidades reales”. En efecto, en el documento se advierte de que
el plazo de seis meses que fija la normativa de homologación para notificar las resoluciones “sigue incumpliéndose”. Según los datos de 2024 recogidos en el informe, Ciencia, Innovación y Universidades tardaba en resolver los expedientes el año pasado una media de 212 días, es decir, un mes más de lo establecido legalmente. De las 29.343 solicitudes iniciadas en 2024, 25.136 permanecían en estado de “preapertura” a 31 de diciembre.
Entre 2023 y 2024, Ciencia, Innovación y Universidades recibió 66.846 solicitudes de homologación.
Más de la mitad -el 63 por ciento- se correspondían con títulos de Medicina -36.163- y Enfermería -5.826. Entre las diez profesiones con mayor demanda de homologación también estaban psicólogo general sanitario, en tercer lugar con 3.623; dentista, en cuarto lugar con 3.319; y fisioterapeuta, en sexto lugar 1.954 solicitudes.
La propuesta del Tribunal de Cuentas para la homologación médica
Una de las medidas planteadas por el Tribunal de Cuentas para aliviar esa situación es la unificación del proceso de homologación-equivalencia en el Ministerio de Sanidad ante el “déficit existente para cubrir determinados puestos de profesionales reguladas”. No obstante, la recomendación se limita a casos en los que el solicitante demuestre
“una experiencia profesional formalmente reconocida” de entre cinco y quince años en su país de origen, “en función del tipo de profesión o naturaleza de la actividad a ejercer”. También se abre la puerta a fijar requisitos adicionales como la universidad de procedencia u otros criterios “similares” a los que ya se tienen en cuenta en los procesos de homologación de los que se encarga Ciencia, Innovación y Universidades.
Reducción de los tiempos de homologación
En cualquier caso, la situación de 2024 contrasta con la de 2025, según destacó a finales de año Morant, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso. De acuerdo a la ministra, los avances del Gobierno en el sistema de homologación iban a permitir
alcanzar las 80.000 resoluciones a lo largo del año pasado gracias a la
reducción de los tiempos de homologación a cuatro meses y medio.
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