La sanidad más vaciada de España añora las condiciones que otros desprecian

El déficit de médicos, especialmente en zonas rurales, se ha llegado a convertir en un problema de estado con visos a empeorar si no se toman medidas inmediatas y concretas. De ello saben mucho sus compañeros de sanidad penitenciaria, que llevan décadas lanzando un SOS sobre una situación que cada vez se torna más insostenible. Mientras que en Medicina Rural piden ciertos incentivos económicos, profesionales y de conciliación, en las cárceles se limitan a reclamar la equiparación de sus sueldos con los de sus homólogos en el Sistema Nacional de Salud, además de ayuda para adaptar la vida laboral a la personal.

José Miguel Antolín, médico de Familia en el Centro Penitenciario Ocaña I y vicepresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), denuncia que no es un problema actual, que se lleva arrastrando 20 años. "Creo que nadie se lo toma en serio y por eso se da el declive que está ocurriendo", explica. El 64 por ciento de las plazas para los sanitarios penitenciarios están sin cubrir, según Comisiones Obreras, y este 'desabastecimiento' afecta especialmente a los facultativos.

"El problema de la sanidad penitenciaria, sobre todo en lo que hace referencia a los facultativos, es un problema estructural al que se le están dando soluciones coyunturales y por eso hemos llegado a esta situación actual", incide Antolín. Las plazas de Enfermería tienen mejor cobertura, sostiene, pero en cuanto a médicos cuentan con menos de 200 trabajando en prisiones, por lo que quedan aproximadamente en torno a 300 plazas libres para asistir a 46.500 reclusos, que es la población en prisiones con la que cerró el 2022 España.

Las condiciones laborales y económicas de estos facultativos defiende que difieren de las de sus compañeros que trabajan en el Sistema Nacional de Salud: "Según distintas fuentes y las comunidades autónomas, la diferencia salarial para un médico en trabajar en prisión y trabajar fuera está en torno a entre 1.000 y 1.500 euros. Esto hace que nuestro ámbito de trabajo no sea muy competitivo". Es por eso que sostiene que la única solución plausible pasa por equiparar la remuneración. "Si no competimos a nivel económico, es muy complicado que haya compañeros que este ámbito les pueda parecer atractivo", defiende.

La adaptación de la vida laboral a la personal como incentivo

"Es fundamental porque las otras cuestiones que pueden tener que ver con las condiciones laborales, las turnicidades, van a venir resultas en la medida que se dé esa primera", detalla. Sin embargo, añade otra más: adaptar la vida laboral a la personal, especialmente si se tiene en cuenta que las prisiones están desubicadas con respecto a los núcleos de población. "El poder adaptar los turnos de trabajo a las condiciones personales puede ser también un aliciente", explica.

La falta de médicos en prisión conlleva el malestar de los propios profesionales que deciden apostar por un ámbito que no resulta del todo atractivo. Por una parte, conlleva una mayor carga de trabajo, con un nivel muy alto y con guardias por encima de las que se debieran hacer, según su parecer.

No cumplir con los estándares establecidos en cuanto al ratio de profesionales conlleva más trabajo, más estrés y mayor nivel de desmotivación al no poder realizar el trabajo “como nos gustaría y como debiera ser”, explica. En este punto recuerda la labor que hacen otro de los eslabones que conforman el equipo de Atención Primaria en la cárcel: la Enfermería: "Hay que alabar la labor que hacen los enfermeros de prisiones porque asumen responsabilidades que probablemente no les corresponden por su profesión".

Las causas detrás de esta situación

El vicepresidente de SESP sostiene que el problema de facultativos en prisiones es "el mayor desafío" al que se enfrenta las instituciones penitenciarias y que incluso ya ha sido reconocido en parte por algunas fuentes del Ministerio del Interior. "Las razones fundamentales por las que estamos en esta situación es porque se está incumpliendo la ley", concreta. A las normativas que se refiere son a la Ley 16/2003 del 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se insta a la transferencia de la sanidad penitenciaria a las autonomías en un plazo de 18 meses. "Hace 20 años que entró en vigor y seguimos en la misma situación", denuncia. Antolín insiste en que también se incumple el propio Reglamento Penitenciario en el que se detalla que la atención sanitaria en prisión se basará en un modelo de Atención Primaria y que deben contar con un equipo de al menos un médico general, un enfermero y un auxiliar de Enfermería. "Entre 18 y 20 centros penitenciarios ya no se da la primera condición, no tienen médicos", sostiene.

Para paliar esta situación, este médico sostiene que la Administración ha aportado cuatro soluciones. La primera es dar cobertura a las plazas mediante ofertas de empleo público, cuya última convocatoria estaba compuesta por 80 plazas, pero solo siete acabaron el proceso selectivo, algo "no puntual" pues ya ha ocurrido anteriormente. "Como no competimos a nivel económico, no es una vía que nos esté dotando de médicos", insiste. La segunda solución que dan pasa por la contratación de personal interino, algo que es “francamente difícil” pues de base no se cubre las plazas mediante ofertas de empleo público.

"Hay centros en los que se está empezando a cubrir la asistencia sanitaria mediante sanidad privada", enumera. Finalmente, se encuentra el proyecto piloto de guardias telemáticas, un sistema de teleasistencia que se oferta en días laborales de 9 a 15 y de 16 a 19. "Solo se atienden Urgencias y luego hay periodos que están vacíos", detalla.