Diez años de guardia médica, borrados de la pensión por la Seguridad Social

Un facultativo español trabaja en tres décadas el equivalente a cuarenta años de jornada ordinaria, pero el sistema ignora ese exceso al calcular su retiro. El informe sobre jubilación del Sindicato Médico de Granada (Simeg) destapa cómo la Seguridad Social penaliza la atención continuada al no computar estas horas extra como tiempo de trabajo, obligando al sector a reclamar su declaración como profesión de riesgo para compensar el desgaste físico y legal.

Por tanto, la carga asistencial condena al especialista a una anomalía laboral que le penaliza durante toda su trayectoria. Vicente Matas, autor del estudio del Simeg, detalla que la asunción rutinaria de guardias provoca que el sanitario concentre en apenas 30 años la misma cantidad de horas operativas que un trabajador convencional acumula a lo largo de cuatro décadas. Este volumen adicional asegura el funcionamiento ininterrumpido de los centros de salud y hospitales, aunque choca de frente con la actual normativa pública de pensiones. La legislación vigente, según el informe, excluye ese esfuerzo de la vida laboral oficial porque las retribuciones derivadas de la atención continuada superan el tope máximo de cotización y, por tanto, no cotizan por contingencias comunes.

Desgaste tributario

La exigencia de cubrir turnos nocturnos y festivos también castiga las finanzas mensuales del profesional en activo. Matas lamenta que la suma de estas horas adicionales acarrea un incremento severo en la retención del IRPF que afecta a la totalidad de la nómina. La presión fiscal progresiva diluye el rendimiento económico de las guardias hasta reducir el ingreso neto del facultativo a poco más de la mitad del importe bruto estipulado por hora de trabajo. El organismo sindical subraya la necesidad urgente de diseñar un tratamiento fiscal favorable que retribuya de forma justa esta obligatoriedad asistencial.

El desgaste de las plantillas ante estas condiciones límite acelera el agotamiento médico. El sindicato argumenta que la complejidad asistencial, la responsabilidad civil y el estrés extremo justifican la integración de los facultativos en el catálogo oficial de profesiones de riesgo, equiparando sus derechos a los de colectivos como la policía local, los mineros o los bomberos. La aplicación legal de un factor de corrección en los años cotizados permitiría a los sanitarios acogerse a una jubilación voluntaria entre los 60 y los 70 años sin sufrir recortes masivos en su prestación. Esta modificación normativa solventaría el agravio histórico de una profesión que sostiene el sistema público a base de horas que la administración se niega a contar.