Sanidad fija en 2026 la evaluación autonómica de la reforma de Primaria

Sanidad ha activado el reloj para que las comunidades autónomas evalúen la implementación de sus estrategias en salud comunitaria a partir de 2026 y en base a los indicadores comunes publicados en mayo, un documento que servirá como guía a todas las comunidades en cumplimiento del Plan de Atención Primaria 2025-2027. 

Con esta publicación, Sanidad da por cumplido el segundo resultado de la acción 7.1 del plan, que incluye la implementación, visibilización y evaluación de estrategias comunitarias por parte de las autonomías. El documento publicado está inspirado en las Recomendaciones para el diseño de estrategias de salud comunitaria, ya consolidadas a nivel estatal.

Según ha informado el propio ministerio en una reciente respuesta parlamentaria, todas las CCAA estarán obligadas a realizar la evaluación de sus estrategias comunitarias a partir de 2026, utilizando los indicadores incluidos en este documento común. Aunque algunas regiones ya disponen de iniciativas consolidadas, hasta ahora no existía un marco evaluador unificado.

No obstante, desde el Ministerio se descarta de momento cualquier actualización de la guía base de participación comunitaria, que fue adaptada a partir de un modelo NICE británico, ni de las recomendaciones generales, ya que, argumentan, aún no se ha iniciado formalmente el proceso de evaluación.

Un nuevo paso 

Esta novedad llega en un momento clave: tras Semana Santa, el Ministerio inició el seguimiento oficial del Plan 2025–2027, una hoja de ruta que ha sido cuestionada por su falta de calendario definido y ausencia de presupuestos vinculantes. Y es que esta novedad supone una respuesta del Grupo de Trabajo de Salud Comunitaria.

La publicación de indicadores supone un avance en la operatividad del plan, particularmente en su vertiente comunitaria, un área que históricamente ha recibido menos atención institucional en comparación con la atención clínica.

Con la evaluación obligatoria en el horizonte de 2026, la responsabilidad recae ahora en las comunidades autónomas para adaptar sus estrategias a los criterios comunes. La experiencia y el compromiso territorial marcarán la diferencia en una reforma que busca colocar la salud comunitaria en el centro del sistema.