No es contar hospitales: Fedea pide evaluar su impacto en listas de espera

La actualidad es tozuda y constata una y otra vez que las políticas públicas no pueden ni deben evaluarse solo con la buena fe, la intuición o las conjeturas de los mandatarios. Tampoco las sanitarias, puntualiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que defiende que la manera más intuitiva de entender cuál es el coste que supone implementar una estrategia o actuación determinada consiste en preguntarse cuál es el valor social añadido y perdido. “Lo que no se ve es, precisamente, el coste de oportunidad de los recursos”, argumenta la organización, que ponen como ejemplo la reducción de listas de espera en sanidad que se ‘pierde’ por centrar esfuerzos en otros ámbitos, como la construcción de infraestructuras de salud.

En un reciente estudio sobre la evaluación económica de las políticas públicas, Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada (quien, entre otros cargos, ha sido asesor de la Comisión Europea y el Banco Mundial de Inversiones) defiende que el valor social de las actuación de las administraciones “se deriva de su efecto sobre el bienestar de los individuos que integran la sociedad”.

De Rus rechaza las evaluaciones superficiales de las obras públicas. “Es el aumento del bienestar social lo que cuenta -incide-. No es el número de hospitales construidos, ni los kilómetros de carreteras, ni el aumento del Producto Interior Bruto (PIB), ni el empleo creado gracias al proyecto”. La idea fundamental, continúa, es que en los procesos productivos se utilizan ‘inputs’, incluido el factor trabajo, para obtener ‘outputs’ (dada la tecnología), y que el valor social de estos últimos (bienes de consumo, aire limpio, estado de salud, entre muchos otros) “lo determina la suma del cambio en el bienestar de los individuos derivado de su consumo, ponderado por razones de equidad”.

A modo de ejemplo, el investigador de Fedea apunta a que el número de trabajadores que requiere una política pública para su ejecución es un coste, no un beneficio, “y si un proyecto se puede realizar con menos coste se liberarán recursos para atender otras necesidades sociales”. “Alguien podría argumentar que la creación de empleo, en situaciones de desempleo es algo deseable y que por tanto el número de trabajadores que un proyecto requiere debe computar como beneficio económico; y así es, aunque en la evaluación económica del proyecto, el potencial beneficio de la ‘creación de empleo’ suele aparecer en la contabilización del coste de oportunidad social del factor, significativamente inferior al salario bruto en situaciones de paro estructural, impuesto sobre la renta y subsidio de desempleo”, argumenta.

"Lo que no se ve" tras la construcción de un hospital 

En este sentido, reitera que la mejor forma de calcular el coste de una política pública determinada “consiste en preguntarse sobre cuál es el valor social perdido, en la mejor intervención que deja de realizarse, por el hecho de destinar recursos a dicha política”.

“Ese valor social perdido es el coste de oportunidad de la intervención evaluada y es el que hay que cuantificar”, indica. Dicho coste a veces es evidente y otras no. “Lo que no se ve es precisamente el coste de oportunidad de los recursos -incide-. Vemos la obra pública inaugurada pero no lo que ha dejado de hacerse, por ejemplo la reducción de listas de espera en sanidad, por destinar los recursos a dicha obra”.

Concluye el investigador de Fedea, en este sentido, que las políticas sanitarias han de evaluarse siguiendo criterios económicos rigurosos como el coste-beneficio, pues no basta con ‘contar’ hospitales, o médicos, o gasto. “La cuestión central no es si los proyectos son populares o tienen muy buena prensa, sino si generan beneficios suficientes para la sociedad en su conjunto que justifiquen la pérdida de bienestar derivada de lo que deja de hacerse con los recursos que absorben”, sentencia.