La apuesta del Ministerio de Sanidad por aportar más transparencia a la financiación pública de medicamentos y facilitar a la ciudadanía mayor comprensión ya ha comenzado.
Sanidad indicaba el pasado mes de mayo que esta medida "responde a la creciente necesidad de la ciudadanía de comprender a fondo el proceso de incorporación de innovaciones terapéuticas al Sistema Nacional de Salud (SNS). La transparencia en este proceso es fundamental para generar confianza y permitir a los profesionales sanitarios y a los pacientes tomar decisiones informadas. Los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) ofrecen una visión detallada de cada nuevo medicamento incluido en la prestación farmacéutica".
Los nuevos informes corresponden a medicamentos que se utilizan para tratar patologías graves, como varios tipos de cáncer agresivo. "Las partidas para aprobar la financiación en este sentido son clave, porque hay fármacos como estos que, en un momento dado, son vitales para los pacientes afectados porque no son baratos", valoran fuentes del sector consultadas por Redacción Médica.
Pero, para la industria farmacéutica, ¿es siempre positivo que se hagan públicos todos los datos? ¿Afecta a la negociación para fijar precios de un medicamento? "Que haya transparencia siempre es positivo", explican estas mismas fuentes de la industria farmacéutica. No obstante, los expertos advierten que "la realidad" puede ser algo diferente.
Negociación conjunta de precios de medicamentos
El objetivo de la Administración es el de agilizar la financiación o incidir sobre los precios, "por eso debe estar consensuado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), en la que están representadas las comunidades autónomas, que son los pagadores", recalcan.
Así se refleja en que no todos los medicamentos analizados han conseguido el respaldo necesario para su financiación pública. "Desde que la decisión sobre precios y financiación de los medicamentos es competencia también de los gobiernos regionales, debe existir una negociación conjunta", recuerdan los expertos.
Fuentes del sector añaden que los presupuestos en este sentido "deberían ser finalistas. Es decir, si por ejemplo cada CCAA tiene el 30 por ciento de su presupuesto destinado para sanidad, tienen la obligación de gastarse, como mínimo, ese 30 por ciento para el sector”.
"Se refleja un problema sistémico. El sistema está montado así y es una buena iniciativa, pero hay que articularla de procedimientos para que llegue a buen fin, porque si no nos sirve de nada”, concluyen.
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