¿Es viable un registro nacional de datos vacunales?
La
Asociación Española de Vacunología (AEV) ha impulsado la iniciativa de reforzar la vigilancia sobre la resistencia a los antimicrobianos y lanzar así un
registro nacional de hospitalizaciones y muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana (RAM).
Este doble objetivo sitúa a la vacunación como aliada estratégica frente a un gran desafío como es la emergencia de bacterias
resistentes a los antibióticos.
Redacción Médica ha hablado con fuentes de la industria en el sector, desde donde
valoran positivamente la idea de un registro que permita saber si una persona hospitalizada estaba vacunada, qué infecciones ha tenido y si se complicaron, para generar estadísticas útiles.
Sin embargo,
identifican obstáculos en cuanto a la interoperabilidad entre comunidades autónomas. "Si alguien se vacuna en una comunidad y se hospitaliza en otra, puede que esa información no esté accesible. Parte del problema viene por eso", alegan estas fuentes en referencia a la falta de homogeneidad entre sistemas autonómicos.
El papel clave de las vacunas en la lucha contra la resistencia
La industria reconoce un
rol crucial en el uso de vacunas, especialmente contra patógenos respiratorios. "
Las vacunas antigripal y antineumocócica contribuyen claramente a reducir la prescripción innecesaria de antibióticos".
Algo que explican cuando
el resfriado o la gripe son confundidos con infecciones bacterianas. Evitar la gripe a través de vacunación implica que "ya no te van a dar antibióticos por si acaso luego tienes una infección respiratoria bacteriana". En el caso de la vacuna antineumocócica, el efecto es directo ya que prevenir neumonías bacterianas reduce significativamente la necesidad de tratar con antibióticos.
Por tanto,
estas vacunas actúan como una estrategia preventiva que disminuye el uso de antibióticos (y, por tanto, la aparición de resistencias), lo que la industria considera una externalidad positiva de la vacunación. "El Covid también podría jugar un papel", explican, aunque en menor medida, al prevenir infecciones virales que podrían llevar a prescripciones innecesarias.
En lo que tiene que ver con los
estudios de coste-efectividad (otra de las demandas de la AEV), la industria señala que los estudios económico-sanitarios actuales cuantifican únicamente los costes evitados relacionados con la enfermedad en sí, como ingresos hospitalarios, tratamiento y complicaciones.
"No se incluyen los beneficios derivados de la reducción del uso de antibióticos y su impacto en la resistencia". No cabe duda que
incluir este parámetro mejoraría notablemente los ratios de coste-efectividad, pero esa incorporación requiere datos fiables como cuántos vacunados evitaron resistencias por menor uso de antibióticos, cuántos desarrollaron complicaciones como neumonías, etc.
Sin un registro que vincule
vacunación, enfermedad, uso de antibióticos y resultados clínicos, esa medición no es factible. En palabras de la industria: "si no tengo los números para poderlo medir, pues claro… al final no lo puedes medir."
Coberturas vacunales: ¿cómo medir su impacto?
La AEV también aboga por
mejorar las coberturas vacunales, incluyendo vacunas "esenciales" en el real decreto. La industria señala que, aunque estas vacunas ya están contempladas en los calendarios (por ejemplo, gripe o neumococo), monitorear su impacto requiere "datos más cuidados".
Algunas
CCAA ya implementan estudios comparativos como, por ejemplo, vacunación antigripal en grupos de riesgo, o comparar coberturas y hospitalizaciones entre vacunas clásicas y reforzadas. Esto permite observar efectos beneficiosos como la reducción de hospitalizaciones, infartos o ictus.
Al final, son estudios que subrayan la
necesidad y utilidad de contar con información sólida para evaluar políticas de vacunación efectiva. Desde la industria farmacéutica se percibe la alineación con los fines que defiende la AEV. No obstante, los
obstáculos técnicos y normativos siguen siendo reales: interoperabilidad entre comunidades autónomas, acceso a datos integrados y en tiempo real, y adecuación jurídica para obligar o facilitar la incorporación de información desde todos los actores sanitarios.
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