“Es inaceptable que una empresa pague a sus rivales para que se queden fuera de su mercado y retrase así la comercialización de medicamentos más baratos”, denuncia Joaquín Almunia



19 jun. 2013 19:01H
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Joaquín Almunia.

Redacción. Madrid
La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 146 millones de euros a la farmacéutica danesa Lundbeck y a cuatro fabricantes de genéricos por haber llegado a un acuerdo ilegal para retrasar la comercialización de versiones genéricas más baratas del antidepresivo superventas citalopram, producido por Lundbeck.

En concreto, la compañía danesa deberá pagar 93,8 millones de euros, mientras que para los fabricantes de genéricos (Alpharma, Merck KgaA/Generics UK, Arrow y Ranbaxy) la sanción asciende a 52,2 millones.

“Es inaceptable que una empresa pague a sus rivales para que se queden fuera de su mercado y retrase así la comercialización de medicamentos más baratos. Los acuerdos de este tipo perjudican a los pacientes y a los sistemas sanitarios nacionales, que están ya sometidos a fuertes limitaciones presupuestarias”, ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando el citalopram era el producto más vendido de Lundbeck. Cuando expiró su patente de base sobre la molécula del citalopram, la farmacéutica danesa sólo poseía patentes sobre los procedimientos que le aportaban una protección más limitada y permitían a los productores de genéricos entrar en el mercado.

Pero en lugar de competir, los fabricantes de genéricos pactaron con Lundbeck no entrar en el mercado a cambio de recibir pagos por valor de decenas de millones de euros. Los documentos internos interceptados por Bruselas hacen referencia a la formación de un "club" y a "un montón de euros" a repartir entre los participantes.

Tras la suspensión de estos acuerdos, los precios del citalopram cayeron de media un 90 por ciento en Reino Unido, según Bruselas.

La Comisión ha calculado el impacto de las multas basándose en la duración de cada infracción y su gravedad. La duración de la investigación también ha sido tenida en cuenta como circunstancia atenuante. Una empresa ha pedido una reducción alegando que no podía pagar pero Bruselas lo ha rechazado por considerar que no cumplía las condiciones previstas.

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