Sanidad avala un registro nacional de costes hospitalarios

Javier Barbado. Madrid
El Ministerio de Sanidad ha reconocido “de utilidad para el Sistema Nacional de Salud” la base de datos de la Red Española de Costes Hospitalarios (RECH) dependiente de la Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), según han confirmado a Redacción Médica fuentes del departamento que encabeza Ana Mato. Hasta la fecha, solo tres registros más poseen idéntico reconocimiento que, conforme a la normativa vigente, no implica compromiso alguno de financiación por parte del Ministerio.

Mercedes Alfaro Latorre, subdirectora general de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio.

Se trata del registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), dependiente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias; el Registro de Variaciones de la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud (Atlas VPM), dependiente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; y el Registro Español de Fertilidad, dependiente de la Sociedad Española de Fertilidad.

De acuerdo con Sanidad, “estos registros se utilizan para obtener información que no se logra por medio de otras fuentes y que se considera fiable porque está auditada”. Equivale a un reconocimiento contemplado en la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 y que se lleva a cabo tras solicitarlo determinadas entidades, por lo general sociedades científicas, académicas o investigadoras. “Si esos registros [caso del recién catalogado como válido de costes hospitalarios] cumplen determinados requisitos de metodología, calidad y estabilidad en el tiempo, se les declara ‘de utilidad para el SNS”, ratifica la fuente consultada.

Conforme se especifica en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS, esta condición reconocida a un registro garantiza su validez para ser utilizado en el Sistema de Información de la sanidad pública española, y, asimismo –confirman desde Sanidad–, se busca con ello, por parte de esta cartera, “rentabilizar trabajos existentes siempre que ofrezcan garantías y carezcan de ánimo de lucro”. En todo caso, “no son muchas [las entidades] que lo solicitan y sus condiciones son bastante exigentes”.