Los gestores socavan el derecho del paciente a recibir el mejor tratamiento

Javier Barbado. Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
La injerencia de los gerentes de hospital y de los gobiernos autonómicos a la hora de liderar el criterio en la elección de los nuevos tratamientos farmacológicos, que atañe solo a los médicos, perjudica a los enfermos de forma intolerable, según han concluido los autores de un informe patrocinado por el Instituto Roche y que han presentado tres de ellos, este martes, en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).

Jesús García-Foncillas, Julio Sánchez Fierro, Federico Plaza y Begoña Barragán.

Desde su punto de vista, la crisis iniciada en 2008 ha descubierto una de las mayores lagunas de la sanidad española: la innovación en los medicamentos articulada y consensuada de forma ágil por todo el sector, y no de forma aislada por cada gobierno regional o por los gerentes hospitalarios, todo lo cual a menudo conduce a las desigualdades en el acceso que padecen los pacientes.

Por ello, analistas de la talla de Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad en la legislatura recién concluida, y de Federico Plaza, vicepresidente del Instituto Roche, han urgido a los agentes sanitarios a lograr un pacto de Estado por la innovación a partir de una estrategia nacional específica.

"De no hacerse, el resultado es lo que hoy tenemos: la dispersión y la falta de voluntad de compromiso institucional", ha subrayado Sánchez Fierro, para quien tal estrategia "transformaría el sistema a las esencias de sus orígenes democráticos". "El pacto por la innovación alcanzaría a gestores, sanitarios y pacientes y sería revolucionario", ha sentenciado.

Federico Plaza conversa con Beatriz Lozano, directora de Comunicación de Roche. A la dcha., mesa de análisis con los periodistas.

En la misma línea, Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha defendido la colaboración con la industria farmacéutica por medio de estrategias como los contratos de riesgo compartido pero no de forma aislada, sino, por el contrario, como parte de una iniciativa global y universal del sistema sanitario. “Un acuerdo de riesgo compartido debe formar parte de una acuerdo global por la innovación; sin embargo, la evaluación de fármacos de la industria a menudo es un planteamiento individualizado”, ha razonado.

Para García-Foncillas, “no basta con que un fármaco aumente la supervivencia, sino que hay que saber en qué pacientes lo hace, y eso debe retomarlo la Administración, para lo cual el binomio del paciente con el facultativo resulta crítico”. Todo ello queda recogido en un informe del Instituto Roche presentado este martes en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y que ha elaborado un grupo heterogéneo de especialistas del ámbito de la gestión, la clínica, la economía de la salud y el Derecho.

Innovación y sostenibilidad deben caminar de la mano

Sánchez Fierro ha defendido que innovación y sostenibilidad deben caminar parejos, y hacer lo contrario, es decir, priorizar la eficiencia económica y la reducción del gasto en detrimento de la calidad de la atención y tratamiento del enfermo, como poco “sería un error de la Administración”.

También ha glosado la serie de pasos que deben darse para equilibrar la gestión y la práctica asistencial correctas, entre otros llevar a cabo una política integral de innovación; respetar la función evaluadora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) –aspecto en el que ha coincido con el resto de ponentes, pues no se considera de recibo que, una vez examinado un fármaco por este organismo, hagan lo propio, en una segunda tanda evaluadora, las agencias autonómicas existentes–; mantener un principio de transparencia en la toma de decisiones y establecer un marco regulatorio estable y predecible así como, por último, favorecer la comunicación entre los stake-holders para esa estrategia nacional de innovación reclamada.

Huida de una visión "reduccionista"

“No podemos quedarnos en una visión reduccionista de la sostenibilidad, ya que ésta no es solo una cuestión económica, sino también de equidad y de respecto de los derechos de los pacientes, como muestran algunas sentencias, en concreto la del Tribunal Constitucional de 25 de mayo de 2004, que llama la atención en este sentido a los responsable públicos, o una reciente del Supremo que hace lo propio con Aragón advirtiéndole que la gestión sanitaria no puede conllevar el recorte de derechos sustantivos de los pacientes”, ha expresado.

Preguntado por el decreto de Precios y Financiación de los medicamentos, el también vicepresidente primero de la Asociación Española de Derecho Sanitario ha precisado que se trata solo de un anteproyecto y que su relectura admite muchas interpretaciones.

Por su parte, Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), ha criticado la inexistencia de un estamento que haga posible unificar y proporcionar los medicamentos que cada paciente precise: “El enfermo no sabe qué fármaco es más adecuado, y desconoce qué gestor o gobierno autonómico establece una u otra prioridad”, ha razonado, para, acto seguido, exigir soluciones urgentes y no tan solo diagnósticos acertados del problema. Además, se ha dirigido con tono muy crítico a los agentes directivos del sector instándoles a no caer en la “soberbia del sano”, parafraseando así al difunto Albert Jovell, quien presidió el Foro Español de Pacientes durante muchos años.

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