Los farmacéuticos se oponen al nuevo modelo de gasto de Competencia

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha mostrado su rechazo a los informes previos y al nuevo planteamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que vuelve a impulsar una liberalización del modelo de farmacia “ajena a la realidad sanitaria y social” de España.

En un comunicado, la organización farmacéutica advierte de que el medicamento no puede abordarse desde una perspectiva exclusivamente mercantil ni someterse a una apertura “sin límites” que ignore las características sanitarias, sociales y territoriales del país. En este sentido, recuerda que la farmacia Comunitaria es un establecimiento sanitario integrado en el Sistema Nacional de Salud y que el medicamento constituye un bien esencial para la salud de los pacientes.

La accesibilidad del medicamento, la prioridad del sector

El Consejo subraya que la planificación farmacéutica no es una barrera a la competencia, sino una herramienta para garantizar la equidad territorial y la cohesión sanitaria.  En este sentido, insiste en que su objetivo es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso al medicamento y a la atención farmacéutica en condiciones de igualdad, independientemente de su lugar de residencia.

Según los datos aportados, España cuenta con más de 22.200 farmacias comunitarias, lo que supone una farmacia por cada 2.187 habitantes. Además, el 99 por ciento de la población dispone de una farmacia en su localidad, lo que sitúa al país entre los sistemas más capilares de Europa. El Consejo destaca también el papel de la farmacia como recurso sanitario de proximidad y, en muchos casos, el único accesible para parte de la población.

La organización recuerda igualmente el papel desempeñado por las farmacias en situaciones de emergencia recientes, como la pandemia del Covid-19, la erupción del volcán de La Palma, la DANA en Valencia o el apagón eléctrico, donde han mantenido la atención a la ciudadanía.

El informe de la CNMC, según el Consejo General, recupera propuestas ya planteadas en el pasado y rechazadas en 2015 por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que entonces defendieron la continuidad del modelo farmacéutico español. A su juicio, estas medidas supondrían un riesgo para la cohesión del sistema y podrían generar desigualdades en el acceso a los medicamentos. La organización advierte además de los efectos que han tenido procesos de liberalización en otros países, donde se han producido concentraciones de oficinas de farmacia en zonas urbanas, cierres en áreas rurales y una pérdida de accesibilidad en territorios vulnerables. En este sentido, alerta del riesgo de aparición de “desiertos farmacéuticos”, especialmente en zonas rurales o de menor renta.

El Consejo sostiene que España ya dispone de uno de los modelos más amplios de Europa y que una mayor liberalización no implicaría necesariamente una mejora del acceso. También subraya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el modelo español por razones de salud pública, seguridad del paciente y garantía de suministro. Asimismo, la organización critica que se reduzca la farmacia a una actividad económica, al considerar que esta visión ignora su dimensión sanitaria y social.