Cuatro organizaciones del ámbito farmacéutico han expresado su rechazo a la reciente enmienda transaccional aprobada el pasado 19 de junio en el Congreso de los Diputados, que regula la cesión de medicamentos de uso animal por parte de los veterinarios. La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación de Farmacéuticos para el Buen Uso del Medicamento Veterinario (Asfarvet) consideran que esta modificación legal es innecesaria y perjudicial.
Las entidades recuerdan que el Real Decreto 666/2023 ya contempla la posibilidad de que los veterinarios cedan medicamentos sin ánimo de lucro durante el acto clínico, siempre que existan dificultades específicas de acceso al tratamiento. En este sentido, señalan que no comprenden la necesidad de alterar una normativa que ya prevé estos supuestos de excepción.
Asimismo, denuncian que si actualmente hay problemas de acceso a medicamentos de uso animal a través de las farmacias comunitarias (más de 22.000 en todo el país) no se debe a fallos del sistema farmacéutico, sino al descontrol que ha existido en la venta y distribución de estos fármacos y a su escasa prescripción por parte de los veterinarios. Destacan que la red de farmacias cuenta con una implantación, accesibilidad y capacidad de abastecimiento que supera ampliamente a la de cualquier otro establecimiento sanitario.
Las organizaciones critican también las campañas de desinformación promovidas desde la aprobación del Real Decreto, que, a su juicio, buscan que se legisle en contra de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta ley prohíbe que el prescriptor tenga intereses directos en la dispensación o venta de medicamentos. Para estas organizaciones, estas campañas responden únicamente a intereses económicos y están dañando injustamente la imagen de la farmacia comunitaria.
En defensa del papel del farmacéutico, recuerdan que estos profesionales cuentan con competencias legalmente reconocidas en todos los aspectos relacionados con los medicamentos, ya sean de uso humano o veterinario. Subrayan que, al igual que los farmacéuticos no están autorizados legalmente para diagnosticar ni prescribir, otros profesionales sanitarios no lo están para dispensar medicamentos.
Las entidades firmantes lamentan que, pese a los reiterados avisos sobre las malas prácticas en la venta y dispensación de medicamentos veterinarios y sus consecuencias para la salud humana y animal, no hayan obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Critican el silencio de algunas instituciones, a las que acusan de desatender sus funciones de defensa de los colegiados y de vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria y farmacéutica. En este sentido, exigen que se actúe con la misma rapidez y transparencia que en otros asuntos.
Por último, hacen un llamamiento a la colaboración entre todas las profesiones sanitarias, dentro de sus respectivas competencias, para mejorar la salud pública, garantizar el uso adecuado de los medicamentos y combatir el creciente problema de resistencias a los antimicrobianos.
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