Satse también apuesta por el complemento de exclusividad y la exclusión de los directivos de todo nivel

Enfermería 'incompatibiliza' privada y tener lista de espera en la pública


1 jul. 2021 14:00H
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La propuesta del Ministerio de Función Pública sobre la incompatibilidad de las actividades privadas para funcionarios no termina de satisfacer las demandas de un Sindicato de Enfermería (Satse) que reitera la necesidad de evitar que los profesionales cuyo servicio en la sanidad pública genera listas de espera “sean los mismos que la resuelven o afrontan su disminución en la privada".

Consultadas por Redacción Médica acerca del anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público, que se encuentra sometido a consulta pública, fuentes del sindicato indican que todavía es necesario impulsar “mecanismos de control rigurosos” destinados a “evitar cualquier posible perversión del sistema”. 

En este sentido, ponen como ejemplo “el hecho de que los profesionales cuyo servicio en la sanidad pública genera listas de espera para intervenciones quirúrgicas” pueden dedicarse también “a realizar dichas operaciones si trabajan en la sanidad privada”

"Profesionales de primera y de segunda"


No es esta, en cualquier caso, la única reivindicación, de Satse, que insiste también en la necesidad de “valorar y compensar” la dedicación “exclusiva” de enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas, para los que piden un complemento de 600 euros mensuales. “Sería en torno al 70 por ciento de lo que perciben otros colectivos por este motivo”, destacan las mismas fuentes. 

“Existe un injusto agravio comparativo entre los distintos profesionales sanitarios que prestan sus servicios, perjudicando claramente a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas. Se está propiciando que haya profesionales de primera y de segunda, lo que es totalmente reprobable”, argumenta la central.

Finalmente, defiende que “todo cargo directivo o intermedio de cualquier categoría que trabaja en la sanidad pública” no puede trabajar “en ningún caso en el sector privado”. “Debe ser totalmente incompatible”, sentencia. 
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