Satse demanda que se posibilite la aplicación de la carrera profesional al personal temporal en el conjunto del Estado

Carrera profesional para las enfermeras: "distintas velocidades" según CCAA
Manuel Cascos, presidente de Satse.


20 jul. 2021 15:35H
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El Sindicato de Enfermeria (Satse) ha denunciado que la implantación y desarrollo del proceso de acreditación de la carrera profesional para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país se está realizando a “distintas velocidades” en función de la comunidad autónoma, lo que, según la organización sindical, conlleva una situación de "discriminación e inequidad" que perjudica a estos profesionales sanitarios.

Satse subraya que el conjunto de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en nuestro país tienen el mismo derecho, sin excepción, a avanzar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional. Un avance en base a sus conocimientos y experiencia en tareas asistenciales, investigación y formación, entre otras, o en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la propia administración, añade.

No obstante, y transcurridos ya nueve años desde la suspensión de este derecho laboral en todos los servicios de salud del conjunto del Estado, las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en Castilla-La Mancha siguen pendientes de que se abra el proceso de acreditación de la carrera profesional.

En el caso de Euskadi, estaba también suspendido, aunque el pasado 8 de julio se aprobó una convocatoria extraordinaria de carrera profesional, la cual no obtuvo el apoyo del sindicato, ya que el reconocimiento del derecho tendrá una retroactividad a 1 de enero de 2019, de manera que cada persona cobrará la cuantía correspondiente al nivel o niveles que corresponda durante ese tramo de tiempo.

A juicio de Satse, este plazo es totalmente insuficiente, ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) establece el derecho de efectos económicos desde septiembre de 2017. Con el plazo establecido, Osakidetza vulnera, una vez más, el derecho de numerosos profesionales que han sufrido la falta de convocatorias desde 2012 y ahora ven que tampoco se les resarce desde la fecha establecida por sentencia judicial, asevera.

Respecto al resto de comunidades autónomas que sí tienen abierto el proceso de acreditación de la carrera profesional, tal y como establece la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como la del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, Satse destaca también el escaso avance experimentado en Asturias y Murcia, ya que el nivel máximo alcanzado hasta la fecha es el 1, habiendo un total de cuatro.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería demanda que se posibilite cuanto antes la aplicación de la carrera profesional al personal temporal en el conjunto del Estado, ya que en algunas comunidades autónomas solo se establece para el personal fijo pese a haber ya distintos fallos judiciales que dan la razón a la organización sindical.

En este sentido, la organización sindical destaca la necesidad de incluir a todas las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, ya sean fijos o temporales, en el sistema de carrera profesional y posibilitar así su acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad independientemente de la comunidad autónoma en la que presten su atención y cuidados a los pacientes y al conjunto de la población.

“Es totalmente injusto, incoherente y discriminatorio que unos profesionales sí puedan acceder a este derecho laboral, y constatar así que su esfuerzo y dedicación son reconocidos, mientras que otros no pueden por el simple hecho de trabajar en una u otra autonomía cuando todos lo merecen al cumplir los mismos requisitos establecidos por la propia administración”, apunta el Sindicato de Enfermería.

Por último, Satse reitera que, después de más de 18 meses de trabajo ininterrumpido para cuidar, ayudar y evitar, en todo lo posible, las consecuencias fatales de la pandemia del Covid-19, ha llegado el momento de que el conjunto de administraciones públicas reconozcan a estos profesionales sanitarios como se merecen a través del desarrollo justo e igualitario de un derecho laboral acordado hace años y que se vio paralizado y/o ralentizado por razones meramente económicas.
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