“Sí a la Ley de Servicios Profesionales, con matices”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Los enfermeros, los farmacéuticos y los odontólogos están a favor de la futura Ley de Servicios Profesionales, aunque consideran que el anteproyecto tiene margen de mejora. Así lo han expresado sus presidentes en una mesa redonda, dirigida por Ricardo De Lorenzo y moderada por Guillermo Sierra, presidente y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, celebrada dentro del marco del XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Concepción Ferrer, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo; Carmen Peña presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España; y Guillermo Sierra, vicepresidente la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, ha señalado que los colegios están para servir a la sociedad y ha recordado que se ha pasado de "un modelo corporativista a un modelo social". Por lo tanto, considera "inadmisible guardar ciertos privilegios, ya que no se puede exigir el control universal de la profesión y al mismo tiempo jugar en campos distintos".  Asimismo, ha reflejado que cada corporación necesita sus tomar sus propias decisiones, por lo que se ha mostrado absolutamente en contra de cualquier "intervencionismo".

Por su parte, Carmen Peña presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, celebra que los derechos y deberes no aparezcan en el apartado de los estatutos, lo que, a su juicio, otorga "mayor protección jurídica a los profesionales". Peña se ha mostrado partidaria de que la colegiación sea universal para todos los colegios y todas las profesionales. De la misma manera, apuesta porque la colegiación se lleve a término allá donde el profesional ejerza su actividad, como un derecho de los usuarios. Sobre el asunto de las incompatibilidad, la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, estima que deben existir "si son justas y proporcionadas", fundamentalmente "cuando existan conflictos de intereses.

En este mismo sentido se ha pronunciado Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, que espera que la norma "no sea tan radical, y si lo es, que lo sea para todo". Villa Vigil ve con buenos ojos esta ley "porque hace falta", pero ha pedido "identificar las profesiones y no los títulos". Así, entiende que el anteproyecto "tiene lagunas debido a su dogmatismo economicista".

Sobre esto, Concepción Ferrer, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, ha asegurado que no deja de sorprender que la norma haya sido promovida desde el Ministerio de Economía, por lo que  "el sesgo y la intención está clara". Además, ha subrayado que es un texto centralista y en algún punto podría llegar a ser impugnado por las comunidades autónomas por cuestiones de inconstitucionalidad.