13 dic 2018 | Actualizado: 19:00

Readmitida una sanitaria temporal que no fue renovada por estar embarazada

La situación de la trabajadora debe ser considerada como indefinida no-fija

Instituto Catalán de Oncología.
Readmitida una sanitaria temporal que no fue renovada por estar embarazada
mar 28 febrero 2017. 09.20H
Redacción
El Juzgado Social 20 de Barcelona ha obligado al Instituto Catalán de Oncología (ICO) a readmitir e indemnizar con 6.000 euros por daños y perjuicios a una auxiliar de enfermería que firmó 250 contratos temporales entre 2009 y 2016, y a quien dejó de contratar después de finalizar la sustitución que realizaba en el momento de comunicar su embarazo, ha informado Collectiu Ronda en un comunicado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, el juez ha declarado la nulidad del despido acordado por la empresa demandada con efectos del 12 de abril de 2016, y también la ha obligado a abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la de readmisión, a razón de 85,85 euros brutos diarios.

Según el fallo, los contratos eventuales por circunstancias de la producción no se ajustaban a la ley y que, por tanto, la situación de la trabajadora debe ser considerada como indefinida no-fija, por lo que el despido en situación de gestación sin intento de adaptar el puesto de trabajo resulta fraudulento y nulo.

Desde que la trabajadora anunció su embarazo a la empresa, esta no ha vuelto a ser reclamada para prestar ningún servicio en el centro oncológico, han explicado los abogados de la acusación.

11 Contratos eventuales

La mayoría de los 250 contratos suscritos por la auxiliar de enfermería eran de interinidad para sustituir a compañeros, si bien también firmó 11 contratos eventuales por circunstancias de la producción, que son los que el juez considera fraudulentos al no acreditar la naturaleza, causas y duración que justificaran la contratación temporal.

Según el Collectiu Ronda, esta sentencia se suma a un gran número de los fallos dictados recientemente contra el uso fraudulento que la administración hace de las figuras de la temporalidad laboral, especialmente desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara tres resoluciones contundentes en este sentido.
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