Justicia tumba el teletrabajo de médicos forenses y técnicos del Ministerio

El Ministerio de Justicia ha derogado el derecho al teletrabajo de los médicos forenses vinculados al departamento y de los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología. Esta decisión se ha adoptado de manera “unilateral y por sorpresa”, ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que advierte de que cerca de 30.000 profesionales se verán afectados por la misma.

La de permitir a la plantilla trabajar de forma telemática fue una de las decisiones que el Ministerio de Justicia adoptó en el marco de la pandemia del Covid-19 y a la que acordó poner fin el pasado 5 de julio, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del fin de la crisis sanitaria.

Recientemente, el departamento de Pilar Llop comenzó a distribuir entre los funcionarios una circular en la que se les informaba de que esta opción de teletrabajo estaba enmarcada dentro del contexto de la pandemia y que, una vez normalizada la situación, se procederá a la desescalada de estas medidas.

"Se ha cumplido, por tanto, la condición prevista en la disposición transitoria para la finalización de la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 3/2020, que regulan la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, el acceso del público a las salas de vistas y la emisión de las vistas, en su caso, mediante sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido, la forma de realizar las exploraciones médico-forenses y de los equipos psicosociales de menores y familia y las unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer […] la ordenación de la jornada laboral y la regulación de la sustitución y refuerzo de letrados de la Administración de Justicia en prácticas", recoge la circular.

Personal afectado por el fin del teletrabajo en Justicia

A través de un comunicado, la organización que preside Miguel Borra ha advertido de que en torno a 30.000 de los 50.000 funcionarios dependientes de este Ministerio se habían acogido a la modalidad del teletrabajo. Entre ellos se encuentran letrados, además de efectivos de los Cuerpos Generales (gestión, tramitación y auxilio judicial) y Especiales (médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología).

“La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresa su rechazo frontal a esta medida que discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho que favorece la conciliación laboral y familiar, la productividad, además de suponer un ahorro de tiempo en desplazamiento, energía, y reducción de la contaminación, entre otros beneficios”, sostiene la central, que añade que esta decisión “arbitraria e injusta” va “en contra del acuerdo sobre teletrabajo firmado en 2021 en la Mesa General de las Administraciones Públicas y que todavía está pendiente de desarrollo”.

De hecho, apunta que el acuerdo de coalición de Gobierno recientemente alcanzado entre PSOE y Sumar la semana pasada también recoge esta medida.