El Tribunal de Cuentas exige a las CCAA que reduzcan la dispersión normativa de la dependencia

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley de Dependencia en el que pone de manifiesto la existencia de 671 normas de diverso rango de las CCAA, además de 134 normas estatales.

Imagen tomada en el Consejo Territorial celebrado en julio de 2013.

Con estos datos, el organismo fiscalizador critica la “dispersión normativa”, muchas veces solapada con las de servicios sociales preexistentes, que no cumple con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que persigue el sistema. Así, según el tribunal, las comunidades deben armonizar y reducir este exceso mediante la incorporación de criterios acordados en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Otra de las reprimendas tiene que ver con las demoras que se siguen produciendo en las resoluciones de reconocimiento de la prestación, ya que las comunidades incumplen el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud para que se otorgue la situación de dependencia que prevé la ley. El plazo medio de resolución se eleva a nivel nacional a 219 días, algo más de siete meses. En este sentido el incumplimiento resulta significativo en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, que superan los 300 días.

El Tribunal de Cuentas constata en el documento que algunas autonomías no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen del crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que conlleva la demora adicional de su efectividad. De esta forma se refleja una deficiente presupuestación anual de los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia y la no utilización de los instrumentos previstos legalmente para efectuar modificaciones de crédito que permitan corregir las posibles desviaciones.

El informe recuerda que las CCAA deben introducir mensualmente la información que requiere el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sissad), pero las demoras son evidentes tanto en el registro de expedientes nuevos y de los datos relativos a sus trámites fundamentales, como en la actualización de los restantes datos.

ENLACE RELACIONADO

---

Acceda al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas