La Justicia estadounidense ha dictado sentencia contra Cedric Lodge, de 58 años, antiguo responsable de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. El tribunal le ha impuesto una pena de ocho años de prisión por la sustracción y venta ilegal de órganos y partes de cadáveres. Su esposa, Denise Lodge, también ha sido condenada a un año de cárcel por su participación en la red de comercialización.
Según el fallo judicial, Lodge utilizó su posición de confianza en la universidad para extraer restos humanos destinados a la investigación científica. La actividad delictiva se desarrolló de forma sistemática entre 2018 y marzo de 2020. El condenado sustrajo de las instalaciones académicas órganos, extremidades, piel e incluso cabezas y rostros completos con el objetivo de obtener un beneficio económico directo.
Logística y distribución
El procedimiento operativo consistía en el traslado de los restos desde la morgue de Harvard hasta el domicilio particular del matrimonio en Goffstown (Nueva Hampshire). Desde allí, las partes de los cuerpos eran distribuidas a una red de compradores clandestinos.
Las investigaciones confirman que ni la institución universitaria ni los familiares de los fallecidos tenían conocimiento de estas prácticas. Los cuerpos afectados pertenecían a donantes que habían cedido sus restos de manera altruista para fines exclusivamente médicos y docentes. El fraude a la cadena de custodia de los cadáveres se mantuvo oculto hasta tres años después del cese de la actividad principal, momento en el que Lodge fue despedido de forma definitiva tras detectarse las irregularidades.
El jefe del FBI en Filadelfia, Wayne A. Jacobs, ha subrayado tras conocerse la sentencia que este fallo judicial representa un avance en la persecución penal de este tipo de delitos. La investigación ha contado con la colaboración de diversas agencias federales para desarticular el canal de compraventa.
Con esta sentencia se cierra el proceso penal contra el principal responsable de la gestión de la morgue, cuya conducta ha supuesto una vulneración de los protocolos de seguridad biológica y ética de una de las instituciones académicas más relevantes del sector sanitario.
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