Acusadas de trasladar enfermos de Melilla a la Península a cambio de dinero

El Juzgado de lo Penal de Melilla acogerá este martes la vista que juzgará a la presidenta y la secretaria general de la organización no gubernamental Asociación 'Mujeres por la Igualdad', acusadas de dirigir supuestamente una "trama" para favorecer la llegada de pacientes de Marruecos a la ciudad española para ser atendidos en Melilla y, en su caso, su traslado a centros especializados en la Península, a cambio de donativos.

La Fiscalía ha solicitado para ambas penas que pueden alcanzar los siete años de cárcel y 5.400 euros de multa, mientras la defensa pedirá la libre absolución de ambas al asegurar que no cometieron ninguna irregularidad.

Las dos dirigentes de 'Mujeres por la Igualdad' de Melilla fueron detenidas en mayo de 2012, aunque posteriormente fueron puestas en libertad con cargos después de ser acusadas de presuntamente haber defraudado al Estado 600.000 euros en el caso de la consecución de salvoconductos a marroquíes para ser atendidas por la sanidad en España.

Según ha informado el portavoz de la Jefatura, las pesquisas se iniciaron a finales del mes de junio de 2010, cuando un marroquí residente en A Coruña denunció que responsables de la ONG 'Mujeres por la Igualdad' le estaban amenazando por no pagar el importe acordado por el salvoconducto con el que había conseguido viajar a la Península.

Esta denuncia dio lugar a las investigaciones de la denominada 'Operación Turco', desarrollada en Melilla bajo la dirección y supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de esta ciudad. Durante los casi dos años que ha durado la investigación, llevada a cabo por el Grupo Ucrif de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, los agentes han ido recabando las pruebas necesarias para la detención de la presidenta y la secretaria de la ONG 'Mujeres por la Igualdad'.

El supuesto fraude consistía en que las personas enfermas contactaban con ellas directamente, o les eran remitidas por personas afines a esta ONG. "Tras realizar los tramites necesarios para la obtención del salvoconducto, se les daban las indicaciones oportunas sobre qué es lo que debían hacer al llegar a su destino, con la finalidad de obtener de forma gratuita el tratamiento médico que necesitaban", informaron en aquellas fechas desde la Jefatura Superior.

Las citadas fuentes explicaron que los viajes a la Península "de los enfermos, o en ocasiones personas que decían estarlo, se enmascaraban con citas en clínicas privadas donde, supuestamente, iban a costearse los tratamientos médicos de sus propios bolsillos".

Sin embargo, subrayó el portavoz de la Policía, "la realidad era que no acudían a dichas citas, y sí lo hacían a los servicios de urgencias de la sanidad pública, tras haberse empadronado previamente".

Asimismo, informaron de que, en algunos casos, "estos viajes no tuvieron un motivo sanitario, sino únicamente la finalidad de documentarse legalmente". Como contrapartida, manifestó la citada fuente, la organización solicitaba a los beneficiarios de salvoconductos distintas cantidades de dinero en concepto de "donativos" al haberles conseguido, de manera gratuita, unos tratamientos médicos de alto coste en la Península, a cargo de la Seguridad Social.

De los casos detectados y analizados han realizado una valoración económica aproximada en la que la cantidad defraudada a la Seguridad Social asciende a unos 600.000 euros.