"La lentitud para tramitar leyes afecta a la respuesta a retos sanitarios"

Como es ya tradición, Madrid se convertirá este noviembre en epicentro del debate sobre la sanidad jurídica y legal española. Aunque esta edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, la XXXI, se celebra más que nunca en clave internacional. “La protección de la salud traspasa fronteras”, apunta la abogada Ofelia De Lorenzo, presidenta del simposio, quien sostiene que los desafíos sanitarios únicamente pueden abordarse eficazmente “desde una perspectiva europea”.

La presidenta de este XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra entre el 20 y el 21 de noviembre en el Novotel de Madrid, advierte de que España ha de armarse a nivel jurídico para los desafíos sanitarios venideros, lo que implica también una “tramitación más rápida y eficaz” de normas tan esperadas como la Ley de Medicamentos o la de Universalidad.

¿Cómo afronta esta 31 edición del Congreso, con comisión científica renovada?

Afrontamos cada edición congresual con muchísima ilusión y con firme propósito de conseguir que cada edición sea mejor que la anterior.

La comisión científica de la Asociación Española de Derecho Sanitario, desde su creación está integrada por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos del derecho sanitario y de la salud, procurando en lo posible el mayor equilibrio entre personalidades provenientes de la profesión jurídica y de las ciencias de la salud. Su papel es crucial en nuestra asociación, son ellos quienes proponen las temáticas que por su importancia debieran ser abordadas en los congresos nacionales de derecho sanitario.

Este año, a propuesta de nuestra junta directiva y aprobado por la asamblea, se han incorporado ocho nuevos miembros a nuestra comisión científica, con estas incorporaciones, hemos pretendido una mayor representación de todas las profesiones sanitarias, con la integración de sus máximos representantes, aumentar a expertos en materias de máxima actualidad como es la salud digital e igualmente incrementar la representación femenina en nuestra comisión científica, habiéndose integrado a la misma; Elena Carrascosa Romero, Presidenta del Consejo General de Podólogos de España, a Cristina Gil Membrado, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de las Islas Baleares y a Ana Pastor Julián, exministra de Sanidad y consejera de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).

¿Cuáles son las medidas de ‘más Europa’ y cómo impactarán en España?

Las medidas de 'más Europa' en el ámbito sanitario responden a la necesidad de entender que la protección de la salud va mucho más allá de las fronteras nacionales. Desde nuestra junta directiva, y gracias a la creciente participación en congresos internacionales, tenemos claro que los desafíos sanitarios solo pueden abordarse eficazmente desde una perspectiva europea.

En mi experiencia como gobernadora por España en la World Association of Medical Law, he visto de primera mano la importancia de contar con marcos regulatorios supranacionales que garanticen un acceso equitativo y eficaz a la salud en todos los Estados miembros.

Cuando hablamos de “más Europa” nos referimos a una mayor integración y armonización de políticas, normativas y marcos jurídicos entre los países de la Unión Europea, algo esencial para afrontar retos como las emergencias sanitarias, la digitalización o la gestión de datos.

---

"Las medidas de 'más Europa' en el ámbito sanitario responden a la necesidad de entender que la protección de la salud va más allá de las fronteras nacionales"

---

En este sentido, muchas de las mesas de trabajo de este año abordan directamente estas iniciativas. Por ejemplo, la Organización Médica Colegial de España (OMC) liderará la mesa sobre el Tratado Internacional de Pandemias y la gestión jurídica de las crisis sanitarias; el Espacio Europeo de Datos Sanitarios será protagonista en numerosos talleres, y la conferencia magistral, impartida por Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Proteccion de Datos, estará precisamente dedicada a este espacio y al papel que tendrá la agencia en su implementación en España. También se hablará de interoperabilidad, inteligencia artificial, historia clínica digital, neuroderechos y protección de datos, con mesas organizadas por entidades como AMA, Quirónsalud o nuestro propio grupo de investigadores.

En España, el impacto de estas medidas será significativo porque exigirá adecuar nuestro marco jurídico para incorporar estas normativas europeas y garantizar así la seguridad jurídica, la protección de datos y un acceso sanitario homogéneo, tanto dentro del país como de forma transfronteriza. Además, este enfoque europeo impulsa un sistema sanitario más moderno, eficiente y preparado para responder a nuevos riesgos y a la innovación tecnológica. En definitiva, “más Europa” significa avanzar hacia un sistema de salud más coordinado, más robusto y más justo para todos.

¿Qué otros aspectos marcarán esta nueva edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario?

El derecho sanitario regula no solo cómo se llevan a cabo las actuaciones sanitarias, sino también la prevención y recuperación de la salud, derechos y obligaciones de los pacientes, responsabilidad de los profesionales sanitarios y centros sanitarios o la situación, salud digital y cumplimiento normativo entre otros, intentamos en el congreso abordar desde una perspectiva constructiva de debate académico los retos, oportunidades que en la actualidad nos encontramos en cada uno de estos escenarios.

Por ejemplo, en materia de responsabilidad profesional son varias las mesas que abordan distintas problemáticas. Promede lidera en materia de indemnizaciones por daños de salud “Ley 5/2025. Reforma de la Ley 35/2015. Implicaciones prácticas en RC Sanitaria”. También relacionado con la responsabilidad profesional sanitaria, son varias las mesas que abordan la importancia de la prueba pericial, destacaría como novedad este año la mesa liderada por Perivet en donde se debatirá “Claves jurídicas y periciales de la práctica veterinaria”.

Otro de los asuntos clave que serán abordados en esta edición congresual es el Compliance en el sector de distribución farmacéutica. Este año interviene Cofares con una mesa en materia de Compliance y enfocada a retos y oportunidades del marco normativo. El compliance en el sector de distribución enfrenta varios retos clave, especialmente en un entorno regulatorio cada vez más estricto y complejo. Estos desafíos abarcan aspectos legales, éticos y operativos, y requieren una gestión proactiva para garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del negocio.

---

"Una tramitación más rápida y eficaz de leyes no es una cuestión burocrática, sino una necesidad estratégicao"

---

La equidad es otro de los pilares sobre los que pivotaran varias de las mesas del Congreso. Por ejemplo poniendo el foco en la necesidad de reforzar la equidad territorial, que implica reducir las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación de servicios sanitarios, cartera asistencial y salud pública, el Consejo General de Podólogos patrocina el taller titulado “Salud pública, equidad territorial y cartera de servicios” que reúne voces expertas que debaten cómo garantizar la igualdad real para los pacientes, analizar los criterios de fijación de la cartera de servicios, y el impacto diferencial en el acceso para diferentes territorios.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos lidera la mesa sobre “Financiación, dispensación y accesibilidad a la prestación farmacéutica en la futura Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios” poniendo el foco en la importancia de actualizar los sistemas de financiación para favorecer el acceso equitativo a los medicamentos esenciales y a la innovación terapéutica, abordando la sostenibilidad del sistema, la posición estratégica del medicamento genérico, y la necesidad de que las normativas respondan a criterios de accesibilidad y autonomía estratégica.

Otro tema íntimamente ligado con la equidad en materia de derecho farmacéutico es el de innovación y regulación. Farmaindustria organiza una mesa de trabajo titulada “El anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitario: una oportunidad para la innovación y el acceso”. La innovación, como se desprende de nuestro programa, también es protagonista en varias mesas y talleres, donde se examina cómo los nuevos desarrollos, cómo la medicina personalizada, la inteligencia artificial y la digitalización, pueden influir tanto en el acceso como en la homogenización de la atención.

En materia de derechos de pacientes son varias las mesas que abordaran cuestiones clásicas que necesitan ser debatidas y adecuadas a la realidad social que vivimos. Por ejemplo, el anticientificismo y pseudociencias, Fundación Dental Española lidera una mesa que versara sobre “el anticientificismo y las pseudociencias desde una perspectiva jurídica, colegial y pericial”. El problema del intrusismo profesional también es abordado en la mesa organizada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. Prescripción y documentación clínica, retos compartidos, será tratado por el Consejo General de Colegios de la profesión veterinaria de España.

Este Congreso llega con la Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia ya en vigor, destinada, en resumidas cuentas, a evitar muchos casos de judicialización de conflictos. ¿Cómo ha sido la experiencia durante estos meses desde el punto de vista sanitario?

La implantación de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) en el sector sanitario es una carrera de fondo e implica como hemos defendido a lo largo de muchas intervenciones en numerosas ediciones congresuales de un cambio de mentalidad. Desde su entrada en vigor, es verdad que la ley ha contribuido a fomentar la actividad negociadora, no obstante, encontramos cierta resistencia a la implementación de algunos de los MASC que ofrece la Ley, como por ejemplo la Opinión de Experto Independiente o la Conciliación. 

Los MASC en el sector sanitario tienen pleno sentido con el cumplimiento de nuestra normativa sanitaria. Informar al paciente cuando acontece un incidente y/o error tiene su justificación en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica .

También el Código de Deontología medica en su artículo 24.3 establece que “ante un acto médico del que se ha derivado un daño, el médico debe pedir disculpas al paciente y dar las debidas explicaciones de una forma clara, inteligible y veraz”.

Sabemos que reconocer los errores, pedir disculpas, crear y revisar protocolos para evitar que vuelvan a acontecer dichos errores y, ofrecer una solución indemnizatoria cuando proceda, son sin duda alguna, conductas que mejoran y refuerzan la relación médico-paciente, a la vez que disminuye el coste emocional, legal y las reclamaciones judiciales.

La encrucijada parlamentaria ha provocado el retraso en la tramitación de leyes en España. Algunas de ellas, como la de Medicamentos y Productos Sanitarios o la de Universalidad del SNS, atañen directamente a la sanidad. ¿Echa en falta una mayor diligencia en el impulso de leyes sanitarias? ¿Está afectando al abordaje de los actuales retos del sector?

Sí, sin duda. La falta de diligencia y la lentitud en la tramitación de estas leyes repercuten directamente en nuestra capacidad como país para responder a los desafíos actuales del sector sanitario. Cuando hablamos de la Ley de Medicamentos o de la Ley de Universalidad, nos referimos a normas que son esenciales para garantizar cuestiones tan sensibles como el acceso equitativo a los tratamientos, la sostenibilidad del sistema, la incorporación de la innovación o la protección efectiva de los derechos de los pacientes.

En el caso concreto de la Ley de Medicamentos, el retraso dificulta avanzar en aspectos cruciales como los nuevos modelos de financiación y precio, la disponibilidad de fármacos en situaciones de escasez, la entrada de terapias avanzadas o el impulso de la industria biomédica. Todo esto afecta tanto a los profesionales como a los ciudadanos, que ven cómo el sistema tarda más de lo necesario en adaptarse a las exigencias de un sector que evoluciona a gran velocidad.

Lo mismo ocurre con la Ley de Universalidad. Cualquier demora en su actualización pone en riesgo la garantía de los derechos básicos en salud, especialmente en un contexto en el que la movilidad, la diversidad y las necesidades sociales son cada vez mayores. Asegurar una atención verdaderamente universal -sin barreras administrativas, con claridad jurídica y con equidad real- exige una normativa ágil y alineada con los estándares europeos.

Por eso insisto en que una tramitación más rápida y eficaz no es una cuestión burocrática, sino una necesidad estratégica. Solo así podremos adaptar el sistema sanitario a los cambios sociales y tecnológicos, incorporar innovación de manera ordenada y seguir garantizando que los derechos en salud se ejerzan plenamente. Agilizar estas leyes significa, en última instancia, proteger mejor la salud de toda la ciudadanía.