La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias se adaptará “a la nueva realidad”

Redacción. Tenerife
El Gobierno de Canarias viene trabajando desde hace meses en una nueva Ley de Servicios Sociales con el objetivo de adaptar los servicios sociales “a la nueva realidad social y económica”, según ha asegurado la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas. Así, se están manteniendo contactos con agentes del sector de cada a pulsar su opinión y escuchar sus propuestas para el desarrollo final de una norma que quiere “eliminar burocracia, descentralizar y distribuir adecuadamente competencias, suprimiendo duplicidades y solapamientos innecesarios entre administraciones”, ha explicado el Ejecutivo canario en un comunicado.

Inés Rojas.

Entre las novedades que incluye la norma, se establece la creación de una Cartera de Prestaciones como “instrumento que determinará el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, en la que se explicitarán las prestaciones que conforman los Servicios Sociales de Atención Primaria, y las que corresponden a los Servicios Sociales de Atención Especializada, así como un Mapa de Recursos en materia de atención social en Canarias”.

Aun así, la nueva norma puede topar con un escollo: la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que ha puesto en marcha el Gobierno central. De hecho, Inés Rojas ha adelantado que el Ejecutivo canario “trasladará al Estado la nueva normativa con el fin de definir en qué medidas puede verse afectada por dicha ley estatal”. “La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local va a afectar al reparto de competencias en materia de Servicios Sociales”, ha señalado Rojas, que ha asegurado que “es muy posible que esa modificación nos afecte  y tengamos que volver a iniciar todo el proceso”. En todo caso, ha señalado que se seguirá trabajando “para ofrecer al Estado nuestras propuestas y, sobre todo, recordar que Canarias tiene una estructura administrativa diferenciada del resto del Estado, que es fruto de la fragmentación territorial”.

Necesidad de actualizar la normativa

“Continuar actuando en el marco de la vigente Ley de Servicios Sociales de 1987 ya no responde a la situación social y económica de Canarias, dado el tiempo transcurrido desde su aprobación, los cambios operados en la situación socioeconómica, la situación de déficit de las cuentas públicas de las administraciones territoriales de nuestro país y la evolución normativa operada con la Ley de Dependencia”, ha asegurado Rojas.

Es por esto que el borrador se va a someter al trámite de audiencia de todas las entidades corporativas y sociales integrantes del Consejo General de Servicios Sociales, “con un plazo suficiente de tiempo para recabar nuevas sugerencias, pero que garantice también la rápida tramitación de una iniciativa legislativa necesaria”. “El objetivo es contar con un nuevo marco legislativo que consolide lo conseguido hasta ahora en esta materia, al tiempo que responda a las nuevas necesidades sociales y al nuevo marco de protección social, redefiniendo un nuevo modelo de servicios sociales para Canarias que combine conceptos de modernidad y eficacia en la gestión”.

El Sistema Canario de Servicios Sociales, órgano de planificación

La nueva ley tendrá por objeto, según el Ejecutivo canario, regular el acceso y promover la planificación general, la estructura y el funcionamiento del Sistema Canario de Servicios Sociales, así como su coordinación con los demás servicios y sistemas orientados al bienestar social.

La finalidad del Sistema Canario de Servicios Sociales será proporcionar una cobertura suficiente y adecuada a las necesidades personales y sociales básicas, promover la inclusión activa y la autonomía personal, proteger a las personas en situación de dependencia y asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida.

Además, la futura Ley creará un marco flexible y dinámico de actuación, centrado en el concepto de Sistema Canario de Servicios Sociales, como ente interadministrativo que agrupa a todas las Administraciones y agentes sociales públicos y privados que actúan en el campo de los servicios sociales.

En definitiva, el fin de esta normativa es la organización de los servicios sociales y la coordinación con los demás sectores del bienestar que deben centrarse en la atención a las personas y permitir el diseño de programas transversales, especialmente con las políticas sanitarias, - en el ámbito de la construcción del espacio sociosanitario y de educación para la salud-, del empleo, la educación y la vivienda.