La Generalitat de Cataluña duda de la constitucionalidad de dos disposiciones de los PGE que afectan a la dependencia

Redacción. Barcelona
El Gobierno de Cataluña ha anunciado que va a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la posible inconstitucionalidad de las disposiciones adicionales 81a y 84a de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2013 en materia laboral y dependencia. El Gobierno quiere saber si ambas disposiciones se adecúan a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña antes de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña.

Según ha explicado la Generalitat en un comunicado, la disposición 81a reserva al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión centralizada de diferentes partidas presupuestarias destinadas a políticas activas de empleo y dispone la no distribución territorial a las autonomías. Sin embargo, según recuerda el Gobierno catalán, “Cataluña tiene competencias exclusivas en la ejecución de la legislación laboral, ámbito que incluye las políticas activas de ocupación y tiene que participar tanto en aquellos planes o actividades de formación que superen el ámbito territorial de Cataluña como en la determinación, gestión y tramitación de las subvenciones estatales no territoriales”. Por eso, la Generalitat entiende que esta disposición puede vulnerar sus competencias en este ámbito.

Por su parte, la disposición 84a suspende diversos artículos de la Ley de Promoción de la Autonomía Persona y Atención a las personas en situación de Dependencia. “Se trata de preceptos que regulan la financiación estatal del nivel acordado de protección de la dependencia”. El Gobierno de Artur Mas entiende que esta disposición podría vulnerar las competencias asumidas en este ámbito en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña, además de ser “contraria a la lealtad institucional y a la autonomía financiera de la Generalitat”.

Además, la Generalitat asegura que “la Ley de PGE para el año 2012 ya suspendió estos mismos artículos”. Entonces, el Consejo de Garantías Estatutarias consideró que la decisión del gobierno de España vulneraba la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de servicios sociales, el principio de lealtad institucional y la autonomía financiera, ya que suspendía la parte de la financiación estatal pero mantenía el deber de la Generalitat de financiar con recursos propios la prestación de los servicios a la dependencia. Aun así, antes de recurrir al Tribunal Constitucional el Gobierno catalán “abrió procedimientos de negociación bilateral con el Estado que todavía no han concluido ni han logrado acuerdos”.