Los PGE retiraron la financiación que el Imserso aportaba



30 ene. 2013 13:31H
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Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista.

Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado ante el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) “para asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia”. Así, insta al Gobierno a adoptar “las medidas necesarias para asegurar que el sistema se presta con unos adecuados niveles de calidad y cobertura, dotando de la financiación necesaria al Programa de Teleasistencia domiciliaria instrumentado a través del convenio-marco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP).

Cabe recordar que el Gobierno eliminó de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 la partida que el Imserso dedicaba a subvencionar este servicio en los distintos ayuntamientos, que se enfrentan al problema de dejar de prestar el servicio, con las consiguientes consecuencias negativas para los usuarios, o seguir prestándolo a través de sus propios presupuestos, o con convenios con diputaciones y gobiernos autonómicos. Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias consultadas por Redacción Médica resaltan que la mayor parte de los ayuntamientos siguen prestando, de un modo u otro, el servicio.

La PNL presentada por el PSOE resalta que este servicio permite a los mayores y personas con discapacidad “tener la seguridad de que ante situaciones como crisis de angustia y soledad, caídas, emergencias sanitarias o fuego en su vivienda, puedan contactar de forma inmediata con el centro de atención”.

Asimismo, el documento registrado en el Congreso recuerda que el programa se inició en 1993 a través de un convenio entre el Imserso y la FEMP al que se fueron adhiriendo progresivamente a través de convenios específicos de colaboración las corporaciones locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos. Además, señala que “constituye un instrumento idóneo para proporcionar a las personas en situación de dependencia y a sus familiares un mayor nivel de autonomía, favoreciendo la permanencia e integración en su entorno”, por lo que, recuerda, fue incluido en el Catálogo de Servicios a prestar por las Administraciones Públicas en la Ley de Dependencia.

 

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