Albert Vergés: “Necesitamos un sistema más coordinado que permita optimizar recursos”

Enrique Pita. Madrid
La Fundación Edad&Vida es un observador privilegiado de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Su director general, Albert Vergés, ha atendido a Publicación de Dependencia y Atención Sociosanitaria para evaluar los retos del sistema y las posibles soluciones que podrían dotarlo de una sostenibilidad que hoy por hoy parece no tener.

¿Cómo valora la Fundación Edad&Vida el cierre de 2012?

El final del año lo que ha provocado es incertidumbre en el conjunto del sector de servicios de atención a la dependencia por los cambios que se están realizando desde las autonomías, sobre todo en lo referido al abono que hacen las administraciones por las plazas concertadas. Con la crisis, todas las autonomías están intentando reducir sus aportaciones para poder cubrir las expectativas, y esto está aparejando problemas porque hay que ver cómo se hace y en base a que exigencias. Intentar mantener un nivel de calidad asistencial con las tarifas actuales, que esas tarifas hayan sufrido un recorte de entre el 10 y el 15 por ciento en la mayoría de las autonomías, no en todas, pero sí en una importante parte, y los problemas de liquidez que sufren los proveedores en algunas autonomías tiene al sector preocupado.

Albert Vergés.

Con respecto al precio de los servicios residenciales, desde el Consejo Territorial del SAAD se ha fijado un precio de referencia. Desde Cataluña se criticó al considerar que invadía competencias autonómicas…

Este es un debate de carácter político más que técnico. Que haya un precio de referencia para que después cada autonomía fije el importe de concertación no deja de ser un dato de referencia…

Lo que sí que es evidente es que las competencias de servicios sociales están en manos de las autonomías, pero parecía que hacía falta que desde el Gobierno central y desde el Consejo Territorial del SAAD se unificara un conjunto de normas y actuaciones que permitieran que existiera un sistema equilibrado de Ley de Dependencia. En esto nos queda camino por recorrer, pero sí es cierto que en algunos temas se ha dado una cierta luz a que las cosas intenten hacerse de otra manera.

¿Qué aspectos darían ese equilibrio al sistema?

El equilibrio fundamental se conseguiría con un sistema de acreditación por niveles de dependencia que la mayoría de autonomías no tienen. Este sistema debería marcar claramente las exigencias y que además debería basarse en resultados y no tanto en aspectos personales. Lo que deberíamos hacer es un sistema ágil que valorara los resultados para la acreditación, y este sistema aportaría fundamentalmente ordenación en el conjunto de prestadores de servicios, a quién pueden o no atender, etc.

Parece que todo el mundo está de acuerdo en que esta acreditación es importante, pero no se pone en marcha porque más allá de que requiere un tiempo de evolución para actuar, porque habrá gente que tendrá que adaptarse a los nuevos decretos, el problema es que no ponemos el marco claro que la acreditación aportaría y que a nuestro entender sería un elemento clarísimo. La acreditación, como en la mayoría de servicios y en otros ámbitos, lo que hace es ordenar el sector, y esto no se ha abordado de la forma y con la seriedad que desde Edad&Vida siempre hemos planteado, creando un sistema de acreditación lo más común posible que permitiera determinar qué servicios pueden atender a los ciudadanos en función de su capacidad, de sus profesionales, de su equipamiento y en base a obtener los resultados adecuados en la atención.

¿Considera que sin esa acreditación estandarizada se corre el riesgo de que haya una bajada en la calidad asistencial, sobre todo teniendo en cuenta que el factor precio es cada vez más determinante en los concursos públicos y los conciertos?

Cuando a un proveedor le van bajando el nivel de ingresos fijos que tiene para atender a una persona, el gran riesgo que existe es que deba reducir costes al objeto de equilibrar sus ingresos y gastos y por eso muchas veces está el miedo de que esto vaya en detrimento de la calidad de la atención a los ciudadanos. Creo que no debería ocurrir esto, creemos que la calidad de un servicio no puede estar supeditada a este planteamiento.

Por esto es tan importante la acreditación, porque si esta determina claramente cuál es el nivel de calidad asistencial básico en el conjunto del Estado, perfectamente distribuido, se pueden perfectamente hacer los ajustes adecuados y analizar el coste que esto tiene. A partir de ahí es cuando la tarifa debe adecuarse al coste establecido. La administración, por ejemplo, no puede en ningún caso concertar una plaza por debajo del coste efectivo y real. Esto está prohibido por ley, pero sí es cierto que hay autonomías en las que se está apostando exclusivamente por precio, y los concursos son ganados como si fueran subastas. Creemos que esto, desde el punto de vista asistencial, no es el mejor sistema, sino que debemos analizar qué servicio queremos dar, qué tipo de profesionales y exigencias son necesarias para cada grado, y eso supondrá una estructura determinada que conllevará un coste que debe adecuarse a la tarifa.

En esta situación de impagos que atraviesan algunas autonomías, ¿qué perspectivas de futuro le esperan al sector empresarial de atención a la dependencia?

Los impagos y los retrasos están a la orden del día en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que pasa es que hay unas en las que es más significativo y otras en las que menos.

Creo que hubo un gran elemento por parte del Gobierno central, creo que importante, que es poner unos fondos para el pago a proveedores. Esto ha aliviado en parte las bajas tesorerías que existían en los prestadores de servicios. Esto ha mejorado un poco la capacidad económica de alguno de estos servicios a la hora de poder hacer frente a los impagos derivados de la atención.

Sí es cierto que hay comunidades que están viendo cómo lo resuelven y la problemática es amplia. En servicios sociales y en sanidad hay comunidades que llevan más de un año de retraso en sus pagos, algunas incluso en algunos productos se ha llegado a hablar de dos años. Esto es inaguantable a futuro, y habrá que ver cómo se afronta.

Dicho esto, hay autonomías en las que la situación es más compleja. Valencia es uno de los más claros. En el caso de Cataluña es más un tema de retraso en el pago de algunos convenios del ámbito de la concertación, pero si no se agrava la situación económica, no supondrá un problema.

Una de las medidas estrella de los últimos meses es la apuesta por el servicio profesional, dejando de lado la prestación por cuidador en el entorno familiar, que ya la Ley de Dependencia señalaba como excepcional…

Esta no es la solución única, pero sí que ayuda. La prestación por cuidador en el entorno familiar había convertido lo excepcional en norma, y todo lo que sea una apuesta clara por los servicios profesionales nos parece lo adecuado.

La reducción de un 15 por ciento en la aportación a los cuidadores en el entorno familiar y la eliminación del pago de la cuota a la Seguridad Social a estos cuidadores creo que lo que ha hecho es beneficiar a que la apuesta sea clara y que tal y como recogía la ley el sistema lo fuera de servicios y no de subsidios. Por lo tanto, para nosotros la apuesta por los servicios es importante.

Pero hay que preguntarse si esto resuelve totalmente el tema. Lo que va a resolver en un futuro es que puede ser que personas que hubiesen utilizado un sistema o un tipo de prestaciones lleguen a utilizar un sistema de prestación profesional siempre y cuando su capacidad económica se lo permita o la administración complemente con los recursos adecuados para lograr una plaza adecuada.

¿Podría ocurrir que alguna de las personas beneficiarias de una prestación para cuidador en el entorno familiar, una vez rebajada esa prestación, tuvieran dificultades para acceder a un servicio profesional y quedaran desatendidas?

Quiero pensar que no, entre otras cosas porque a los cuidados en el entorno familiar desde su propia concepción es la atención de familiares respecto a otro familiar, por lo que no deberían quedar desatendidos. Lo que sí es evidente es que tienen menos recursos para poder hacerlo que antes. Sí que es cierto que esto no lo podemos excluir del contexto global económico que padecen hoy las familias, porque es evidente que los recursos económicos se han reducido en el conjunto de las unidades familiares y hoy están más controlados y vigilados de manera que a lo mejor la aportación de copago que tengan que hacer para alguna de las prestaciones no esté dentro de las posibilidades económicas porque existen otras prioridades.

En todo caso la Ley de Dependencia es una ley para atender a las personas dependientes, en ningún caso para solventar problemas de crisis, y ahí es donde el Gobierno y las autonomías deben poner las medidas adecuadas para que ninguna persona por escasez de recursos propios deje de tener la atención adecuada y especializada.

Es evidente que aunque no resuelva el problema, el limitar cada vez más la acción del cuidador familiar y convertirla en excepcional como decía la propia ley nos acercamos más a tener un sistema de servicios que es lo que la ley pretendía.

El seguro de dependencia no se ha desarrollado todo lo que debería, aunque parece que las compañías aseguradoras se están dando cuenta de la necesidad de avanzar por ese camino. ¿Cree que realmente se puede dar un impulso desde las administraciones para que las familias conciban el aseguramiento de la dependencia como una opción?

De momento los caminos no se están dando, pero no se están dando porque el actual marco legislativo no está siendo adecuado para que estos seguros emerjan con fuerza. Aún no hay conciencia en la sociedad de que haya necesidad de cubrir con un seguro de dependencia las necesidades, porque parece que el sistema de por sí ya te lo da. Pero esto no es cierto, porque el sistema está cada vez más limitado por el contexto actual económico y por tanto sería bueno que todos previéramos posibles contingencias a través de un seguro. El marco legislativo no favorece que esto funcione, pero es evidente que en un futuro posibles modificaciones pueden llevar a que la gente tenga la percepción de la necesidad de asegurar la dependencia.

Por otro lado, parece evidente también que dentro de la administración empiezan a darse cuenta que hay que buscar sistemas complementarios de financiación a la propia financiación pública, porque parece que los escasos recursos que tenemos hay que intentar distribuirlos por todo lo que compone el Estado del Bienestar. Dicho esto, parece que es posible que emerjan estos seguros, siempre y cuando el marco normativo favorezca que esto pase y se limite claramente cuál es el papel de la Administración en la financiación y cuál es el papel de la iniciativa privada en la financiación de las personas. Hoy por hoy esto no lo tenemos, no está claro, y por eso cuesta tanto que emerjan tanto productos como que la gente tenga conciencia de lo que hay.

Aunque las autonomías parece que el seguro de dependencia lo ven como un sistema complementario, parece que hay cierto interés por parte de las administraciones de prospectar qué hay que hacer para que ese seguro emerja de forma importante y favorezca la sostenibilidad económica del propio sistema. Habrá que ver qué línea escogen y cómo se va adoptando, pero desde luego compartimos que el seguro de dependencia tiene un espacio claro en el sistema y hay que abordar las reformas adecuadas en el terreno legislativo.

La reforma de la Ley de Dependencia avanzó en la figura de la hipoteca inversa, que podría ser precisamente una de las fórmulas que adoptaran las compañías de seguros. Pero, en una situación de crisis como la actual, ¿no pueden ser una trampa para las propias aseguradoras?

Es posible que esto sea así. Normalmente las hipotecas inversas no están tan vinculadas al sector propio asegurador sino más al sector financiero, y podríamos decir que nos encontramos en el momento actual con un sector financiero complejo, nos estamos encontrando que el activo que ofrece valor y garantía de esta hipoteca inversa está cayendo, y por tanto hay mucho miedo por parte de aquellos que pueden ejercer este tipo de productos a encontrarse en una situación complicada.

Esto comporta dos cosas. Por un lado, un menor valor del activo, en este caso del inmueble. Por otro lado, una complejidad. Cuando nosotros planteamos en su día la hipoteca inversa nunca lo hicimos como algo sustitutorio a nada, sino que era un producto vinculado a la capacidad de ahorro de los ciudadanos, donde sabíamos que más del 80 por ciento eran propietarios de una vivienda, y de ese 80 por ciento cerca del 65 o 70 por ciento la tenían libre de cargas, con lo que era el gran ahorro de la persona. Por tanto, activar el ahorro de otra manera para poder tener liquidez y poder afrontar parte de los recursos que han de aportar nos parecía una muy buena idea, y estamos convencidos de que esto ha ayudado a miles de personas, que mucha gente ha optimizado esta hipoteca inversa. Pero evidentemente no es el elemento fundamental para hacer sostenible el sistema, sino que es fundamental para mejorar la capacidad económica de las personas mayores.

En cambio, con el seguro de dependencia como tal lo que nos gustaría que pasara es que asegurara el riesgo de aquello que no cubre de forma clarísima la administración, y ahí hay que ver cómo se puede plantear cubrir el riesgo. Esto, junto con ventajas de carácter fiscal en todos los aspectos es lo que entre muchas otras cosas deberían modificarse legislativamente para que esto funcione. Pero la hipoteca inversa no es la solución al problema del sistema de la atención a la dependencia en ningún caso, sino un producto más que mejora la capacidad económica del ciudadano.

El Consejo Asesor de Sanidad parece que está avanzando en sus propuestas para activar la coordinación sociosanitaria. ¿Cree que por fin ha llegado el momento y todos los agentes implicados son conscientes de la necesidad de la inmediatez de esta coordinación?

Te puedo decir, porque además hemos trabajado y colaborando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de la coordinación sociosanitaria, que creo que en este momento se lo están tomando muy en serio y junto a diferentes personas e instituciones está evaluando las ventajas que esto supondría. En este momento está emergiendo de forma muy potente y aquello de lo que se ha hablado muchas veces parece que puede tener un viso de que salga y que se actúe.

Es cierto que son dos sistemas con características diferentes y hemos de centrar la atención en función de la persona y cuál es el servicio que le puede ofrecer la mayor atención al menor coste. Este es el gran objetivo de la coordinación sociosanitaria, prestar una atención de carácter integral al objeto de que los recursos sean optimizados en todos los aspectos.

Creo que hay una buena voluntad de que existan. Debo decir que creo que es la solución a futuro para optimizar los recursos existentes, tanto sociales como sanitarios; creo además que debido al envejecimiento de la población nos hace falta atender claramente la cronicidad, y esa cronicidad y esa atención basada en un modelo sociosanitario creo que es el planteamiento de futuro que además podría aportar una racionalización de los recursos, sobre todo sanitarios, de forma muy significativa, con un ahorro importante siempre y cuando acotáramos el papel del sector sanitario en el sentido de que se ocupa solamente de agudos y sobre todo en el ámbito de la cronicidad la atención sea realizada por servicios sociosanitarios y probablemente después por una atención en posibles centros residenciales que sean acreditados en el ámbito de sanidad para poder atender a estas personas.

¿Qué perspectivas ve Edad&Vida para 2013?

Nuestras perspectivas son las propias del sector. Queremos afianzar un sector que es relativamente joven aunque no lo parezca. Queremos que se den los mecanismos y las normas adecuadas para provocar confianza y provocar inversión. Queremos prepararnos para el envejecimiento de la población y, desde luego, si es posible, que temas como esa coordinación sociosanitaria se actúe en consecuencia y se legisle adecuadamente para que fluyan y para que la atención a las personas y el Estado del Bienestar lo hagamos entre todos más ágil y más sostenible.

Esto, junto a la mejora del aseguramiento, que es una percepción que los ciudadanos deben tener para que esos productos emerjan y puedan ayudar al ciudadano a financiarse es lo que nos gustaría.

Ahora bien, la realidad es tozuda y la situación económica es compleja. No creo que ninguna autonomía tenga un interés de recortar el Estado del Bienestar de sus ciudadanos pero sí que creo que la racionalización de los recursos debería basarse en un sistema más coordinado en el conjunto de las autonomías que nos permita sobre todo optimizar los escasos recursos que tenemos y no ponernos en situaciones que hagan de este mercado un mercado fragmentado que cree grandes diferencias entre las distintas autonomías como lo ha hecho en anteriores años, aunque algunas organizaciones como la nuestra hayamos puesto siempre en evidencia temas como el cuidador familiar, como la coordinación sociosanitaria, la optimización de recursos. Parece que hemos tenido que tocar hueso en ciertos temas para poder avanzar. Desgraciadamente nos hubiese gustado que hubiéramos sido un poco más rápidos.