Cristina Avendaño, presidenta de Facme.
Las sociedades científicas demandan agilidad, profesionales y transparencia en la fijación de precios de medicamentos
FACME ha presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará la financiación de los fármacos en el Sistema Nacional de Salud
El Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentra en trámite de audiencia e información pública. Un proyecto que activa los precios dinámicos fuera de patente, establece horquillas de coste para agrupaciones homogéneas o crea una comisión interministerial para abordar este asunto. Una norma que contará con la opinión de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). Así, la organización ha presentado sus alegaciones al Ministerio de Sanidad, elaboradas por el Grupo de Trabajo de Medicamentos de la organización y consensuadas por las 46 sociedades científico-médicas que la integran. Transparencia, refuerzo profesional y mayor celeridad en el proceso marcan las aportaciones de la entidad.
En primer lugar, Facme señala la necesidad de transformar la denominada financiación provisional para convertirla en una vía de acceso precoz en el SNS. "Este mecanismo debe permitir un acceso temprano, restringido y equitativo a medicamentos con autorización de comercialización, pero todavía sin decisión de financiación, cuando aporten un beneficio relevante para la salud y existan pacientes que no puedan esperar a la finalización del procedimiento ordinario de financiación y fijación de precio", han indicado desde la entidad.
El documento presentado también incorpora modificaciones dirigidas a establecer un procedimiento para la financiación excepcional de medicamentos y otros productos destinados a atender situaciones individuales singulares. Esta opción terapéutica permitiría "valorar adecuadamente las circunstancias clínicas de cada paciente cuando exista una necesidad médica no cubierta o no haya alternativas terapéuticas eficaces, o las disponibles estén contraindicadas, no sean toleradas o resulten inapropiadas para su situación clínica, garantizando un procedimiento responsable y una aplicación homogénea en todo el SNS". Un paso en pro de la personalización del proceso.
Más expertos y transparencia
Por otro lado, plantea incorporar de forma más estructurada el conocimiento experto de las sociedades científico-médicas. Así, plantea que la inclusión de expertos clínicos designados por las sociedades representativas de las especialidades implicadas durante la elaboración de los informes técnicos de financiación y precio. Del mismo modo, propone que el grupo de adopción de los medicamentos oiga la opinión de dichos profesionales en cada proceso de evaluación. Eso sí, siempre que se garantice la correspondiente declaración de intereses.
Asimismo, la entidad defiende que el valor terapéutico añadido y el impacto en resultados clínicos relevantes para los pacientes constituyan el criterio prioritario en la toma de decisión. En este sentido, considera importante valorar también aspectos como la capacidad funcional, la autonomía personal, la prevención de la dependencia y de la institucionalización, así como la calidad de vida relacionada con la salud, especialmente en personas mayores y pacientes con fragilidad.
Además, las alegaciones inciden en la necesidad de reforzar la información que la Administración facilita a los médicos prescriptores sobre las decisiones de financiación del SNS. Bajo su prisma, los profesionales deben conocer no solo la situación de financiación de los medicamentos que prescriben, sino también los criterios y la justificación que sustentan dichas decisiones. Con este objetivo, FACME propone incorporar vías para la comunicación pública de estas decisiones y desarrollar herramientas que faciliten su acceso, comprensión y difusión entre médicos y pacientes.
