El Gobierno rechaza las acusaciones contra los forenses españoles
Desde la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de órganos de Jurisdicción Estatal, se ha solicitado el reconocimiento médico a 32 detenidos en régimen de incomunicación
Redacción. Madrid
El Gobierno considera que el personal funcionario médico forense se encuentra “perfectamente capacitado” de acuerdo con su formación como médicos y con los conocimientos demostrados para el acceso al cuerpo. Así de tajante se ha mostrado en respuesta a la demanda que un grupo de ocho médicos argentinos presentó ante la Asociación Médica Mundial el pasado mes de mayo.
Concretamente, los facultativos redactaron una denuncia contra los médicos forenses de la Audiencia Nacional por supuesta complicidad en torturas. Se trataba de una demanda fundamentada en seis casos de reclusos vascos que califican de “políticos”: Ainara Bakedano, Anabel Prieto, Beatriz Etxebarria, Sandra Barrenetxea, Gorka Lupiañez y Unai Romano. En el texto se exigía a la Asociación Médica Mundial (que todavía no se ha pronunciado) que interviniese en la actuación de médicos forenses “por no respetar las obligaciones deontológicas en caso de tortura”.
Por su parte, el Gobierno ha declarado que, desde la entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de órganos de Jurisdicción Estatal, se ha solicitado el reconocimiento médico a 32 detenidos en régimen de incomunicación. A todos ellos se les ha reconocido en más de una ocasión en los lugares donde se hallaban detenidos, reflejando en el informe su situación y estado. Con esto se ha querido señalar que en cada uno de los informes que se han examinado “no consta alegación alguna de malos tratos o tortura” durante el periodo en el que los reclusos estuvieron incomunicados.
Otra de las ‘demandas’
No obstante, ésta no fue la única idea que se planteó. En la denuncia también se pedía a la Asociación Médica que revisase la idoneidad de la atención médica prestada a los presos. Por otra parte, los médicos argentinos denunciaban la presencia de personal penitenciario en las visitas a los presos, lo que atentaría contra la privacidad de los enfermos y la profesionalidad del facultativo, y que los internos más graves no tenían acceso “al derecho constitucional a prisión domiciliaria”.
