Javier Padilla y Mónica García
Sanidad avisa que las consejerías de Salud "deben responder" a los pacientes tras el cierre de clínicas de Vivanta
El Consejo General de Dentistas ha calificado la situación como "inaceptable"
El Ministerio de Sanidad ha indicado que las comunidades autónomas donde estén las clínicas de Vivanta son las administraciones responsables de responder ante las consecuencias asistenciales derivadas del cese de actividad o cierre de esos centros odontológicos. Fuentes consultadas en el Ministerio por parte de Redacción Médica han remarcado que la autorización, inspección y control corresponden a los gobiernos autonómicos.
"Por tanto, las consecuencias asistenciales del cierre y la situación de los pacientes deberían responderlas las consejerías de Sanidad de las CCAA donde estén las clínicas afectadas", han dicho. El cierre o cese de actividad pueden llegar a tener impacto para los pacientes. Entre ellos, la interrupción de procedimientos ya iniciados, la necesidad de recuperar historiales clínicos, la continuidad de tratamientos odontológicos que requieren de seguimiento e incluso dudas sobre los pagos realizados o los servicios todavía pendientes de prestar.
El Consejo General de Dentistas manifestó el jueves esta preocupación y calificó la situación como "inaceptable". Una de las principales quejas de este órgano no es únicamente el perjuicio a los pacientes, sino la opacidad del proceso, con "una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado".
"Empresa estratégica"
En el año 2022, Vivanta recibió un rescate de 40 millones de euros por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Los primeros 20,4 como un préstamo participativo y los 19,6 millones restantes como un préstamo ordinario. El proceso generó dudas dentro del Consejo General, que reclamó a la SEPI la documentación que justificó la declaración del Grupo Vivanta como una "empresa estratégica".
Recomendaciones del Consejo General de Dentistas
Ante la situación que puedan vivir los usuarios de Vivanta por el cierre de las clínicas, el Consejo General de Dentistas ha elaborado una lista de recomendaciones a seguir:
- Conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
- Solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
- Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
- Si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
- Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
- Dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
