Uno de los problemas que padece nuestro Sistema Nacional de Salud es que hay un conjunto de profesiones al que sirven, pero a sus titulados no se les reconoce de forma genérica su condición de profesionales sanitarios y, de manera más concreta, tampoco se reconoce su condición de especialistas sanitarios en su disciplina correspondiente.

Las próximas Elecciones Generales están convocadas para el próximo 20 de diciembre. Los partidos políticos que concurren a esta cita electoral están ultimando sus programas, si no lo han hecho ya. ¿Qué propuestas traen al respecto de los dos problemas expuestos anteriormente? Es importante estar atentos a sus propuestas, sobre todo si tenemos en cuenta que los “pequeños detalles”, resultado de su acción de gobierno, pasan desapercibidos para la mayoría de afectados/perjudicados. Veamos algunos ejemplos.

El Partido Popular no sabemos qué puede plantear. No obstante, los precedentes no son halagüeños, ya que, en 2003, fue un gobierno del PP el que volvió al concepto de profesión sanitaria de 1944 y cuando el PP ha vuelto a ejercer el poder Ejecutivo del Estado, no solo ha mantenido el planteamiento pre-democrático, sino que con la aprobación del Real Decreto 639/2014 ha incumplido la Ley 33/2011, de Salud Pública, que explicitaba el cambio del Real Decreto 183/2008.

Los antecedentes del PSOE también son inquietantes; en 2004, cuando este partido alcanzó el poder Ejecutivo mantuvo el planteamiento franquista de qué es profesión sanitaria, dejando de lado la apertura que introdujo el ministro Ernest Lluch Martín, a través de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, según la cual profesional sanitario es todo aquel que trabaja en la sanidad. Para el próximo 20-D, el PSOE ha echado mano de su Laboratorio de Alternativas, que ha elaborado un extenso informe de 314 páginas sobre el estado de la sanidad española; la composición de su equipo redactor es significativa: ocho médicos, dos juristas, dos economistas, un sociólogo y pare usted de contar; o sea, no hay ningún profesional sanitario de los que pertenecen al conjunto de las profesiones sanitarias invisibles: los que trabajan, pero no constan. Este informe se centra casi en exclusiva en las profesiones médica, farmacéutica y enfermería, citando de pasada las dificultades administrativas que sufrimos los biólogos (páginas 276 y 295); el informe señala los errores cometidos por los distintos Ejecutivos socialistas, lo que no es garantía de que se vayan a corregir en el futuro, como ya hemos comprobado en otros ámbitos de la res publica; así, en el apartado de propuestas (páginas 303 a 305) no se concreta ninguna destinada a solucionar los dos problemas planteados en el inicio de esta nota.

Desconocemos qué planteamientos hacen Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida; en otras palabras, no sabemos si optarán por fomentar la competitividad, eliminando las actuales barreras artificiales administrativas que mantienen reservas de plazas para determinadas profesiones o sucumbirán a oscuras presiones corporativas, como ha sucedido con el PP y el PSOE. Esperamos que, en pocos días, lo sepamos para comentarlo.

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