Pedro Gullón.
Ceuta: cuando la salud pública y los derechos humanos señalan la misma dirección
Pedro Gullón Tosio es director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad
La crisis humanitaria de Ceuta, tras la entrada de más de 70.000 personas en menos de 48 horas, pone a prueba nuestra capacidad como país para responder a una situación extraordinaria y, sobre todo, para demostrar qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser.
Lo primero ante una crisis humanitaria es no olvidar, precisamente, de qué se trata: de una crisis humanitaria. No hay que perder de vista que, en el propio proceso que algunos califican de “invasión”, murieron más de 100 personas según algunas estimaciones. Más de 100 personas fallecidas. Ese dato, por sí solo, debería bastar para comprender que estamos ante una tragedia humanitaria de primer orden. Además, las condiciones de vida de los aproximadamente 10.000 migrantes que actualmente permanecen en Ceuta, tras el retorno de la inmensa mayoría, están lejos de poder considerarse dignas. Muchas personas se encuentran en situación de calle y tienen dificultades para acceder a servicios básicos.
Por supuesto, todas las crisis humanitarias tienen un componente de salud. Estamos hablando de vidas perdidas durante el trayecto, de un proceso migratorio extremadamente duro desde todos los puntos de vista, de unas condiciones de vida, hacinamiento y salubridad limitadas para muchas de estas personas, de la exposición a la violencia y también de una población ceutí profundamente preocupada por cómo esta crisis ha trastocado su vida cotidiana.
Todas estas situaciones ponen de manifiesto que las crisis humanitarias tienen un componente claro de salud. Tras ellas encontramos consecuencias en salud concretas: muertes en el trayecto, lesiones y traumatismos, problemas de salud mental, exposición a violencias y un aumento del riesgo de determinadas enfermedades derivadas de unas condiciones de vida precarias. Eso es precisamente lo que estamos observando.
Este componente de salud, presente en todas las crisis humanitarias, ha llevado a preguntarse si la situación de Ceuta constituye también una crisis o una amenaza para la salud pública. Y sobre este punto conviene ser especialmente claros: ni la evidencia científica ni los principios básicos de la salud pública respaldan los discursos que asocian automáticamente migración y amenaza de salud pública. Hacerlo no solo es incorrecto desde el punto de vista científico, sino que dificulta una respuesta eficaz ante la crisis.
Una vez desencadenada una crisis humanitaria, lo importante es identificar claramente cuáles son los riesgos y cuáles son las actuaciones que pueden realizarse desde la salud pública. En este sentido, conviene distinguir al menos dos cuestiones. La primera: ¿Cuáles son las causas de que puedan aparecer problemas de salud en Ceuta? La segunda: ¿Cómo pueden abordarse estas causas desde la salud pública?
Sabemos que uno de los principios generales de la salud pública, tal y como recoge la Ley 33/2011, General de Salud Pública, es el de Salud en Todas las Políticas. Este principio reconoce que existen políticas de todos los sectores que afectan a la salud y que deben analizarse también desde la perspectiva de los determinantes sociales.
En el caso concreto de Ceuta, esto significa que las políticas migratorias, las políticas de acogida o la ausencia de espacios con condiciones dignas de vida, higiene y salubridad tienen una repercusión directa sobre la salud, con las consecuencias que he descrito anteriormente. Ahora bien, que estas políticas afecten a la salud no significa que deban ser desarrolladas por los profesionales de salud pública. Porque Salud en Todas las Políticas no significa que la salud pública tenga que asumir todas las políticas. Significa que debe identificar, visibilizar y evaluar los impactos sobre la salud de las decisiones adoptadas desde otros sectores. Significa que debemos alzar la voz, aportar evidencia y coordinar esfuerzos para señalar las consecuencias en salud que tiene no garantizar unas condiciones de vida adecuadas.
Una vez aclarado este aspecto conceptual, queda responder a parte de la segunda cuestión: si no podemos actuar directamente sobre las causas estructurales, ¿acaso no podemos hacer nada? En absoluto. Las actuaciones desde la salud pública pueden ser amplias y eficaces para reducir los riesgos existentes.
En cualquier riesgo para la salud, lo primero es dimensionar adecuadamente el problema. Más allá de discursos políticos alejados de la evidencia que presentan a las personas migrantes como portadoras de enfermedades, en lugar de reconocerlas como personas que están sufriendo una crisis humanitaria, es posible realizar evaluaciones objetivas del riesgo.
De hecho, desde el pasado 14 de agosto disponemos de una Evaluación de Riesgo sobre la situación en Ceuta, en la que se considera que “el riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles entre la población migrante se considera moderado debido a las condiciones de hacinamiento y situaciones de calle”, mientras que “el riesgo del incremento de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la población residente en Ceuta se considera bajo”.
La valoración de diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Epidemiología y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, apunta en la misma dirección. Los riesgos asociados a enfermedades infecciosas son fundamentalmente consecuencia de las condiciones de vida de la población migrante y no de su origen o de su condición migratoria, y que su situación requiere de actuaciones en salud pública.
Los datos disponibles hasta el momento respaldan estas evaluaciones. La presión asistencial ha aumentado, pero el Hospital Universitario de Ceuta mantiene su actividad habitual sin demoras significativas. La mayoría de los casos detectados corresponden a sarna y enfermedades gastrointestinales, patologías presentes en general en España pero que han dado lugar a brotes favorecidos por las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad. Asimismo, se han identificado algunos casos de tuberculosis y varicela que han requerido la activación de las actuaciones previstas en los protocolos de vigilancia epidemiológica actualizados durante este mismo año.
Todo ello nos sitúa ante una realidad bastante clara. Existe una crisis humanitaria con una dimensión en salud evidente. El riesgo de propagación de enfermedades infecciosas a la población general es bajo, pero resulta imprescindible desplegar actuaciones de salud pública para minimizar riesgos y evitar la aparición de brotes, especialmente entre la propia población migrante.
La respuesta se está articulando sobre tres grandes ejes de actuación:
1. Coordinación entre todos los agentes: Desde el Ministerio de Sanidad se mantienen reuniones diarias para analizar la situación, coordinar actuaciones, desarrollar protocolos específicos y adaptar la respuesta a la evolución de los acontecimientos. En Ceuta, además, concurren circunstancias organizativas particulares, ya que las competencias de salud pública corresponden a la Ciudad Autónoma, mientras que la asistencia sanitaria depende del Ministerio de Sanidad a través del INGESA.
2. Refuerzo de la vigilancia: Se han establecido circuitos específicos de comunicación rápida, intercambio de información y respuesta coordinada con el fin de detectar precozmente cualquier incidencia relevante para la salud pública.
3. Campaña de vacunación para la prevención de brotes: La Comisión de Salud Pública acordó el préstamo de hasta 45.000 dosis de vacunas frente a sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, poliomielitis y difteria-tétanos. Esta medida constituye un ejemplo de cómo funciona el Sistema Nacional de Salud cuando actúa de manera coordinada, ya que todas las comunidades autónomas han contribuido para reforzar la protección tanto de la población migrante como de la población ceutí susceptible.
En definitiva, ante una crisis humanitaria en Ceuta solo caben respuestas humanitarias, coordinadas y solidarias.
La verdadera cuestión que plantea esta crisis no es si debemos elegir entre humanidad y salud pública. La evidencia demuestra que ambas van de la mano. La cuestión es si queremos responder desde el miedo, la desinformación y la estigmatización, o desde el conocimiento científico, la coordinación institucional y el respeto a la dignidad humana.
Los principios de la salud pública son claros: proteger la salud exige actuar sobre los riesgos reales, no sobre los prejuicios. Y cuando hablamos de una crisis humanitaria, esos principios convergen con los derechos humanos. Ahí es donde debemos estar. Y ahí es donde nos van a encontrar.
