UGT pide la “apertura inmediata” del diálogo social en sanidad

Redacción. Pamplona
El secretario general de UGT de Navarra, Juan Goyen, ha considerado que la entrada en vigor del "repago sanitario, va a ser "muy negativo" porque "va a incrementar las injusticias y las desigualdades". Por ello, el dirigente sindical ha exigido la retirada del Real Decreto Ley de medidas urgentes en Navarra para garantizar la sostenibilidad del sistema y ha reclamado "la apertura inmediata del diálogo social en materia de sanidad".

Juan Goyen, secretario general de UGT-Navarra.

En opinión de Goyen, "esta imposición no sólo no va a resolver ningún problema, sino que va a empeorar aún más la situación para la población de este país, en un momento donde hay una pérdida de renta generalizada, donde los pensionistas tienen muchos problemas con la escasa cuantía de sus pensiones y donde están subiendo la luz y el butano".

En este sentido, el dirigente sindical ha defendido, a través de un comunicado, que "por esta vía no se van a mejorar los ingresos del erario público ni se va a reducir el gasto sanitario, sino que se incrementarán las injusticias, las desigualdades y se le dará un golpe a la sanidad pública, quizá para abrir aún más el negocio a la sanidad privada".

Para el secretario general de la UGT de Navarra, "esta medida recaudatoria es profundamente injusta tanto para los trabajadores como para los enfermos y se presenta con argumentos falaces, como su necesidad para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". A este respecto, ha agregado que "se enmarca dentro del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, donde el Gobierno realiza una descripción apocalíptica del sistema que no se ajusta a la realidad para poder tramitarlo con urgencia".

Sin embargo, para el secretario general de la UGT de Navarra, "no hay extraordinaria ni urgente necesidad para utilizar esta fórmula, por lo que podría constituir fundamento de inconstitucionalidad". Además, Goyen ha considerado que esta norma, "que obedece a las exigencias de la UE en relación a la contención del gasto y el control del déficit público, no actúa sobre el origen de los problemas, como son el modelo de financiación y la mayor transparencia en la gestión del gasto sanitario, sino que incumple los principios esenciales de universalidad, equidad, corrección de desigualdades y participación social".