Redacción Médica
22 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 10:35

“El Ministerio de Sanidad recurre la atención universal por testarudez”

Asegura que el RD del Ministerio “no ha demostrado que suponga un ahorro”

Viernes, 27 de noviembre de 2015, a las 16:29
Leire Sopuerta Biota. Madrid
El Gobierno central ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Servicio de Salud de Baleares, el IbSalut, por la que se presta la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. 

Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares.

La consejera de Salud de Baleares, en declaraciones a Redacción Médica, ha reconocido su “sorpresa” por esta decisión. “Es incomprensible, no se entiende la actitud del Gobierno ni del Ministerio de Sanidad”. La única explicación posible, ha dicho, es que se trata “de un tema ideológico muy arraigado”, a lo que suma “la testarudez del Ministerio”.

Gómez ha defendido la resolución aprobada por el gobierno balear este mismo verano y por la que se “devolvió” el derecho a recibir asistencia sanitaria “gratuita y universal” a los inmigrantes irregulares sin papeles que residen en las islas. Con ella, ha dicho, resolvimos la “injusticia social” que supuso el real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Un real decreto, ha continuado, “que en ningún caso ha demostrado que suponga un ahorro para el sistema sanitario” y que tendrá “consecuencias” a medio largo plazo porque “es más caro tratar a estas personas en los servicios de Urgencias que ofrecerles una atención continuada en sus centros de salud”.

La decisión del Gobierno central de recurrir este decreto balear se suma al presentado también contra la ley impulsada por la Comunidad Valenciana con el mismo fin, devolver la atención a los inmigrantes irregulares. El argumento esgrimido fue que se invadían sus competencias.

Ante esto, y en el caso de Baleares, Gómez ha querido aclarar que la instrucción elaborada en Baleares se ajusta a derecho en la medida en que “solo tiene validez en Baleares” y se atiene a lo recogido en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, que garantiza el derecho a la salud “en un sistema sanitario público de carácter universal”.

Y, asimismo, la resolución balear, ha detallado Gómez, cuenta con unos “requisitos muy concretos, como son ser persona extranjera en situación administrativa irregular; no proceder de alguno de los Estados miembros de la UE, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o de los países no comunitarios con los que España tenga suscrito un convenio bilateral de Seguridad Social; no tener derecho al reconocimiento por cualquier otra Administración de la condición de asegurado o beneficiario; ser mayor de 18 años o carecer de recursos económicos”. 

Gómez se ha mostrado firme en su defensa de la resolución a la espera de la resolución judicial definitiva. Mientras, como no hay una suspensión cautelar, “no se paraliza la resolución, por lo que el servicio balear continuará prestando esta asistencia”.